Reformas del RIGI: claves para el sector energético y dudas entre inversores

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases, establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos superiores a US$ 200 millones. Varios actores del sector energético evalúan adherirse.

Los incentivos incluyen estabilidad fiscal por 30 años, amortización acelerada, libre disponibilidad de divisas y exenciones de derechos de importación. Esto busca reducir el costo del capital y atraer jugadores globales.

Para proyectos como plantas de GNL, hidrógeno verde, litio o infraestructura energética, el RIGI puede ser determinante. Vista, YPF, Pampa y capitales extranjeros analizan su eventual inclusión.

Sin embargo, hay dudas sobre su articulación con normas provinciales, especialmente en minería e hidrocarburos. Las provincias reclaman que no se limiten sus facultades regulatorias ni fiscales.

También se cuestiona la asimetría que genera con empresas locales o medianas, que quedarían fuera del régimen y sin condiciones similares. Esto podría producir distorsiones competitivas.

El gobierno deberá reglamentar el RIGI con equilibrio: atraer inversiones sin comprometer autonomía local ni equidad sectorial. Las consultas públicas serán clave.