El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones busca atraer capitales, pero genera interrogantes jurídicos y fiscales.
Política y Regulación21/07/2025
Redacción
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases, establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos superiores a US$ 200 millones. Varios actores del sector energético evalúan adherirse.
Los incentivos incluyen estabilidad fiscal por 30 años, amortización acelerada, libre disponibilidad de divisas y exenciones de derechos de importación. Esto busca reducir el costo del capital y atraer jugadores globales.
Para proyectos como plantas de GNL, hidrógeno verde, litio o infraestructura energética, el RIGI puede ser determinante. Vista, YPF, Pampa y capitales extranjeros analizan su eventual inclusión.
Sin embargo, hay dudas sobre su articulación con normas provinciales, especialmente en minería e hidrocarburos. Las provincias reclaman que no se limiten sus facultades regulatorias ni fiscales.
También se cuestiona la asimetría que genera con empresas locales o medianas, que quedarían fuera del régimen y sin condiciones similares. Esto podría producir distorsiones competitivas.
El gobierno deberá reglamentar el RIGI con equilibrio: atraer inversiones sin comprometer autonomía local ni equidad sectorial. Las consultas públicas serán clave.
La medida busca reactivar áreas maduras y aliviar la carga fiscal sobre operadoras chicas en un segmento en retroceso.
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