Más de 1.600 representantes de la industria fósil asisten a la cumbre climática en Brasil, eclipsando a la mayoría de las delegaciones nacionales.
Política y Regulación14/11/2025
Redacción
La presencia de más de 1.600 lobistas de la industria de combustibles fósiles en la COP30, según un informe del colectivo Kick Big Polluters Out, ha encendido alarmas sobre la influencia desproporcionada de estos actores en las negociaciones climáticas globales. Este número supera ampliamente la representación de la mayoría de los países, con excepción de la delegación anfitriona, Brasil, y duplica la cantidad registrada en la COP anterior. El crecimiento coincide con un momento crítico en el que se discute una hoja de ruta para la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón.
Entre los asistentes figuran representantes de empresas como ExxonMobil, Chevron, Saudi Aramco y Shell, además de asociaciones sectoriales y consultoras vinculadas a estrategias de neutralidad de carbono promovidas por el sector. Su participación, avalada por la ONU bajo criterios de apertura multiactoral, ha sido criticada por organizaciones ambientales y bloques de países que impulsan metas más ambiciosas de descarbonización. Alegan que estas presencias atentan contra la credibilidad del proceso negociador.
La alta incidencia del lobby fósil en una cumbre dedicada a combatir el cambio climático refleja una tensión estructural: los países más dependientes de los hidrocarburos presionan para asegurar una transición “gradual y justa”, mientras las naciones más vulnerables al calentamiento demandan compromisos firmes y urgentes. En paralelo, las empresas energéticas intentan posicionarse como aliadas de la transición a través de tecnologías como el CCS (captura y almacenamiento de carbono) y el hidrógeno, sin renunciar a su negocio central.
Este fenómeno plantea interrogantes estratégicos para América Latina, y especialmente para productores emergentes como Argentina, que buscan expandir su perfil exportador en gas y petróleo. La COP30 no solo es un termómetro político, sino también un campo de disputa por la legitimidad de los modelos energéticos en transición. Lo que está en juego no es solo el nivel de ambición climática, sino quién define las reglas del nuevo orden energético global.
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