Redacción
En 2024, el gasto público en subsidios energéticos superó el 2% del PBI, con fuerte concentración en electricidad y gas natural. La segmentación tarifaria buscó ordenar ese flujo, pero los resultados son aún parciales.
Un informe de la Fundación FIEL revela que más del 50% del beneficio por subsidios se concentra en el 40% más rico de la población. Esto se debe a que los hogares de mayores ingresos consumen más energía y acceden a redes formales.
El sistema actual aplica topes y criterios de ingreso para clasificar usuarios, pero las bases de datos siguen desactualizadas. Muchos hogares sin capacidad contributiva no acceden al beneficio, mientras otros lo retienen injustificadamente.
El gobierno analiza pasar de subsidios generalizados a subsidios focalizados vía AUH o tarjeta SUBE. Esto permitiría reducir el gasto sin afectar el acceso básico a la energía.
La revisión de costos estacionales también es clave. Muchos precios siguen congelados o subestimados, lo que distorsiona señales económicas e incentiva el derroche.
Reducir subsidios sin afectar derechos requiere un rediseño técnico y socialmente sensible. La transición energética debe ser económicamente viable y políticamente aceptable.
