RedacciónEl Congreso brasileño concentró esta semana el debate sobre el control estatal de la minería de tierras raras y minerales críticos, con la presentación de dos proyectos de ley que proponen la creación de una empresa pública denominada Terrabras. El primero, impulsado por la bancada del PT (PL 1754/2026), establece un régimen de participación con un mínimo del 50% destinado a la nueva estatal. El segundo, del diputado Rodrigo Rollemberg del PSB (PL 1733/2026), vincula la empresa al Ministerio de Minas y Energía. Ambas iniciativas buscan que el Estado brasileño controle la investigación, extracción, procesamiento industrial y comercialización de minerales estratégicos, en línea con el discurso de soberanía del gobierno de Lula frente a la creciente demanda global por estos recursos.
Brasil posee aproximadamente el 20% de las reservas mundiales de tierras raras, según un informe de XP Investimentos, pero su participación en la producción global es marginal: la única mina operativa es Serra Verde. A nivel global, China domina alrededor del 70% de la producción minera y más del 90% de la capacidad de refinación, lo que convierte la diversificación de la cadena de suministro en una prioridad geopolítica para Estados Unidos y la Unión Europea. En ese contexto, Brasil emerge como un socio estratégico potencial, aunque la definición de una política nacional coherente enfrenta resistencias internas, particularmente desde el Ministerio de Hacienda, que se opone a la creación de una empresa estatal para gestionar el sector.
La presentación de ambos proyectos se produce días después de que el gobierno solicitara al diputado Arnaldo Jardim (Cidadania) postergar su dictamen sobre el PL 2780/2024, que crea la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, ahora previsto para el 22 de abril. La Casa Civil coordina un grupo interministerial para unificar posiciones antes de ese pronunciamiento. En paralelo, en Argentina, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Glaciares (Nº 26.639 de 2010) que transfiere a las provincias la potestad de definir qué formaciones de hielo tienen relevancia hídrica y, por ende, merecen protección. La reforma, impulsada por el presidente Javier Milei, elimina restricciones que impedían actividades mineras en zonas glaciares y periglaciales, abriendo paso a la expansión de proyectos de litio y cobre en áreas de alta sensibilidad ambiental.
El impacto de ambos movimientos es significativo en términos regulatorios y geopolíticos. En Brasil, la fragmentación de posiciones dentro del propio gobierno retrasa la definición de un marco legal claro para la minería de minerales críticos, lo que genera incertidumbre para inversores y debilita la posición negociadora del país frente a potencias que ya aceleran acuerdos bilaterales. En Argentina, la nueva legislación sobre glaciares enfrenta acciones judiciales colectivas de organizaciones ambientales que alertan sobre riesgos hídricos para millones de habitantes, mientras el gobierno de Milei apunta a replicar el modelo chileno de minería intensiva como motor de crecimiento y generación de empleo. La disputa por el control de la cadena de valor de los minerales de la transición energética se profundiza, y tanto Brasil como Argentina definen en este momento las reglas que condicionarán su inserción en esa cadena por las próximas décadas.
