Redacción
Neuquén ha sido durante décadas sinónimo de petróleo y gas. Vaca Muerta absorbió casi toda la atención inversora, regulatoria y política de la última década, y con razón: la formación no convencional es uno de los activos energéticos más relevantes del hemisferio sur. Sin embargo, el subsuelo neuquino guarda otros recursos que recién ahora empiezan a ser evaluados con la seriedad que merecen. El litio, el cobre, el uranio y otros minerales críticos —estratégicos para la transición energética global— están en la agenda de la provincia y del gobierno nacional con una urgencia que no tenían hace apenas tres años. En un contexto donde la demanda mundial de minerales para baterías, cables de alta tensión y tecnologías limpias crece a tasas del 8 al 12% anual según proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, Neuquén tiene una ventana de oportunidad que no puede ignorar.
La minería neuquina tiene un historial modesto pero no inexistente. La provincia produjo áridos, arcillas y algo de sal, pero nunca desarrolló una industria metalífera de escala. El marco legal vigente —la Ley Provincial 2.669 de 2009 y sus modificaciones— habilitó la actividad bajo condiciones ambientales específicas, aunque con restricciones que algunos operadores consideran más estrictas que las de provincias competidoras como Mendoza o San Juan. El punto de inflexión llegó con la creación del Registro de Áreas Mineras Estratégicas en 2022 y, más recientemente, con la adhesión provincial al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en 2024, que habilita beneficios fiscales y cambiarios para proyectos superiores a 200 millones de dólares. Ese umbral, que en el mundo minero global es perfectamente alcanzable para un proyecto de cobre o litio de mediana envergadura, abrió conversaciones concretas con compañías que antes ni miraban el mapa neuquino.
El panorama actual muestra tres frentes de trabajo simultáneos. En litio, los salares del sur neuquino —especialmente en el sector de Varvarco y las proximidades de la Cordillera del Viento— han recibido permisos de exploración de al menos cuatro compañías junior, dos de ellas con capital australiano y una con participación canadiense. Ningún proyecto está en etapa de factibilidad todavía, pero los primeros sondeos arrojaron concentraciones de entre 180 y 320 mg/L de litio en salmueras, rangos que justifican continuar las campañas. En cobre, el área de Huantraico concentra la mayor atención: estudios geológicos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) publicados en 2024 identificaron anomalías de cobre-molibdeno compatibles con depósitos de tipo pórfido, la morfología más explotada industrialmente en Chile y Perú. La inversión en exploración activa en toda la provincia rondó los 45 millones de dólares en 2025, un número pequeño comparado con los 12.000 millones que movilizó Vaca Muerta en el mismo período, pero que representa un crecimiento del 180% respecto a 2022. El tercer frente es el uranio: la Comisión Nacional de Energía Atómica mantiene derechos sobre áreas en el departamento de Loncopué y Ñorquín, y aunque el desarrollo comercial no está en el horizonte inmediato, la reactivación del plan nuclear argentino pone este recurso nuevamente en el radar de la planificación estratégica nacional.
Los desafíos son considerables y no pueden subestimarse. El primero es la superposición territorial: varias de las áreas mineras más prometedoras están dentro o en la frontera de zonas de protección ambiental, y algunas superpuestas con bloques petroleros activos. La coexistencia entre minería y hidrocarburos no es imposible —lo demuestra la experiencia en algunas cuencas canadienses—, pero requiere una ingeniería regulatoria que la provincia todavía no tiene completamente desarrollada. El segundo desafío es la infraestructura: los salares y áreas cordilleranas carecen de caminos de acceso permanente, agua industrial, energía confiable y conectividad. Llevar un proyecto de litio desde exploración hasta producción en zonas como Varvarco implicaría inversiones en infraestructura habilitante que difícilmente enfrente una empresa junior sola. El tercer obstáculo es la aceptación social: comunidades mapuche y organizaciones ambientalistas tienen una presencia territorial y política significativa en el oeste neuquino, y la experiencia de Mendoza con la Ley 7.722 —que fue derogada y reinstaurada tras protestas masivas— es una advertencia de que los conflictos socioambientales pueden frenar proyectos técnicamente viables durante años. Frente a estos obstáculos, las oportunidades son igualmente reales. El cobre neuquino, si los depósitos de Huantraico confirman su escala, podría articularse con la demanda de cables para parques eólicos y fotovoltaicos que el propio país necesita. El litio, aunque llegará tarde al boom actual del mercado, podría encontrar mercados específicos en la cadena de valor de baterías si Argentina logra avanzar hacia el procesamiento local. Y el RIGI, como herramienta, ofrece estabilidad fiscal a 30 años y libre disponibilidad del 25% de las divisas desde el inicio de la producción, condiciones que en el contexto argentino son históricamente excepcionales.
La proyección a mediano plazo depende de al menos dos decisiones que están en juego simultáneamente. La primera es si el gobierno provincial avanzará en una reforma del Código de Procedimiento Minero para agilizar plazos de otorgamiento de concesiones, que hoy pueden extenderse entre 18 y 36 meses desde la solicitud hasta la aprobación definitiva, un período que desalienta a compañías con planificación ajustada. La segunda es si el gobierno nacional —y específicamente la Secretaría de Minería— priorizará el desarrollo de infraestructura habilitante en Neuquén a través de algún mecanismo de financiamiento concesionado, tal como se hizo con gasoductos en el modelo de Vaca Muerta. Si esas dos condiciones se cumplen, la estimación más conservadora del sector indica que Neuquén podría tener entre dos y cuatro proyectos mineros en construcción hacia 2029, con una inversión acumulada superior a 800 millones de dólares. Si no se cumplen, el riesgo real es que el capital minero global —que en este momento está sobreasignado en América Latina, con Chile, Perú y ahora Ecuador captando la mayor parte— simplemente no espere y se consolide en jurisdicciones con marcos más predecibles. Neuquén tiene el recurso. La pregunta es si tiene la institucionalidad y la velocidad para transformarlo en proyecto.
Los salares neuquinos contienen litio disuelto en salmuera subterránea, lo que corresponde al modelo de depósito en salar, similar al Triángulo del Litio. Esta modalidad tiene costos de extracción generalmente menores que el litio en roca (spodumena), pero requiere manejo hídrico intensivo en cuencas áridas, lo que complejiza la ecuación ambiental en zonas de alta montaña como Varvarco.
¿Qué implica técnicamente un depósito de cobre tipo pórfido y por qué es relevante para Huantraico?Los pórfidos cupríferos son intrusiones magmáticas que generan mineralizaciones de baja ley pero enorme tonelaje, lo que los hace económicamente viables a escala industrial. Las anomalías geoquímicas identificadas en Huantraico muestran halos de alteración y valores de cobre superiores a 0,3% en muestras de superficie, un umbral que justifica perforación diamantina para confirmar continuidad en profundidad. Si se confirman, serían los primeros depósitos de este tipo en exploración avanzada en la provincia.
¿El RIGI es compatible con la legislación ambiental provincial o puede generar conflictos normativos?El RIGI opera como régimen de incentivo económico-fiscal y no deroga ni suspende las normas ambientales provinciales, que mantienen plena vigencia. Sin embargo, puede generar tensiones interpretativas cuando los plazos de aprobación ambiental provincial superan los cronogramas de inversión comprometidos bajo el régimen nacional, lo que exige coordinación explícita entre la Secretaría de Minería nacional y el organismo ambiental de Neuquén para evitar litigios de competencia.
