Redacción
El ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Márcio Elias Rosa, dejó en claro que el país no tiene intención de convertirse en un proveedor de materias primas en el segmento de minerales críticos y tierras raras. En declaraciones públicas difundidas el 24 de abril, el funcionario subrayó que cualquier marco regulatorio que se apruebe debe garantizar la industrialización local de estos recursos, y no su simple exportación. El contexto inmediato fue la adquisición de la minera Serra Verde por parte de la estadounidense USA Rare Earth por aproximadamente 2.800 millones de dólares, operación que encendió alertas en sectores del gobierno y del Congreso sobre el control de activos estratégicos.
Serra Verde opera la única mina activa de arcillas iónicas en Brasil —el yacimiento Pela Ema, en Minaçu, estado de Goiás— y es el único productor fuera de Asia de cuatro elementos de alta demanda tecnológica: disprosio, terbio, neodimio e itrio. Estos materiales son insumos críticos para la fabricación de imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos, turbinas eólicas, drones, equipos de defensa y aplicaciones aeroespaciales. La relevancia geopolítica de la operación se amplificó porque el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, firmó en marzo pasado un memorando de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para facilitar la cooperación en exploración de minerales críticos, iniciativa que el presidente Lula y legisladores del PSOL cuestionaron por avanzar sobre competencias exclusivas de la Unión.
Elias Rosa descartó que el memorando firmado por Caiado genere obligaciones legales vinculantes para Brasil, aunque advirtió que la regulación del subsuelo y las relaciones internacionales son atribuciones exclusivas del gobierno federal. En ese marco, el Ejecutivo solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, que retirara de agenda el Proyecto de Ley 2780/2024, que crea la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos. El gobierno argumentó que necesita tiempo para presentar enmiendas que refuercen el mandato de industrialización. Representantes del Ministerio se reunirían la semana próxima con el relator del proyecto, el diputado Arnaldo Jardim (Cidadania/SP), para incorporar esas propuestas. Elias Rosa también rechazó explícitamente la creación de una empresa estatal sectorial, señalando que los instrumentos vigentes —subsidios, asociaciones público-privadas y fomento sectorial— son suficientes para garantizar el aprovechamiento estratégico de los recursos.
La postura del gobierno brasileño tiene implicancias que exceden el plano doméstico. En un contexto de creciente disputa global por el control de cadenas de suministro de minerales críticos —acelerada por las políticas industriales de Estados Unidos, la Unión Europea y China—, la decisión de demorar la aprobación del marco regulatorio para endurecerlo en favor de la industrialización local puede tensionar las negociaciones con inversores extranjeros y socios comerciales. Al mismo tiempo, la ausencia de reglas claras sobre cambios societarios, habilitaciones mineras y condiciones de acceso genera la incertidumbre jurídica que el propio ministro reconoció como el principal problema a resolver. La velocidad con que Brasil logre aprobar una legislación que equilibre atracción de inversión y agregación de valor interno será determinante para su posicionamiento en la transición energética global.
