Redacción
Desde la asunción de Javier Milei, el discurso oficial promueve la liberalización del mercado energético. Sin embargo, en la práctica, se observa una tendencia a recentralizar decisiones en la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía.
La modificación de marcos regulatorios, el traspaso de competencias desde entes autárquicos al Poder Ejecutivo y la redefinición de contratos con CAMMESA generan incertidumbre entre inversores y operadoras.
El caso de Enarsa como actor central en licitaciones y proyectos estratégicos refuerza la percepción de un Estado con rol activo, a contramano del relato de libre mercado. Al mismo tiempo, se mantienen controles de precios y cupos de exportación.
Esta dualidad regulatoria representa un desafío para planificación a mediano plazo y podría desalentar decisiones de inversión hasta que se clarifique el rumbo normativo del gobierno.
