Auquinco tendrá agua potable por primera vez con financiamiento CAF

Un paraje de apenas 40 familias ubicado en las inmediaciones de Buta Ranquil, en plena región de Vaca Muerta, está ejecutando la primera obra de agua potable de su historia. Los trabajos, financiados con el primer crédito que la CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— otorga para este tipo de proyectos en Neuquén, registran un avance del 20% y se proyecta su finalización en 2027. La inversión, aunque no fue detallada en monto específico por el gobierno provincial, se encuadra en la línea de financiamiento verde del organismo multilateral y representa un precedente institucional para la provincia: es la primera vez que la CAF financia infraestructura hídrica rural de esta escala en territorio neuquino.

El acceso al agua potable en las zonas rurales y de baja densidad poblacional de Neuquén es una deuda histórica que contrasta con el perfil energético de la provincia. Neuquén produce más del 30% del gas natural y cerca del 13% del petróleo del país, y concentra la mayor apuesta de inversión hidrocarburífera de la próxima década a través de Vaca Muerta. Sin embargo, decenas de parajes de la cordillera y el norte provincial carecen de servicios básicos. El gobierno de Rolando Figueroa impulsó desde 2023 un programa de extensión de infraestructura que incluyó la llegada de gas natural a localidades del Alto Neuquén por primera vez, y la provisión de electricidad continua a Los Chihuidos. La obra de Auquinco se inscribe en esa misma lógica de equidad territorial, pero con la particularidad del instrumento financiero utilizado.

Hasta el inicio de la obra, Auquinco no contaba con ningún sistema formal de potabilización. El agua llegaba por captación directa desde la turbina de la Microcentral del EPEN —el Ente Provincial de Energía del Neuquén— sin tratamiento ni cloración, sin tanque de reserva y con una red de distribución que no alcanzaba a todos los hogares. La nueva infraestructura contempla una obra de toma, acueducto de alimentación, tanquillas rompecarga, tanque de reserva, sala de cloración, redes de distribución y conexiones domiciliarias, además de un cerco protector en la zona de captación para evitar contaminación por animales. Las excavaciones se realizan en forma manual para minimizar el impacto ambiental. En la ejecución intervienen el EPAS —Ente Provincial de Agua y Saneamiento— como inspector de obra, y la UPEFE —Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo— en la gestión de los fondos multilaterales. Hipólito Salvatori, secretario de Ambiente y Recursos Naturales de quien depende el EPAS, es el funcionario con responsabilidad política directa sobre el proyecto.

La obra tiene un impacto directo acotado —40 familias— pero su relevancia estratégica excede el número. Auquinco se encuentra en el departamento de Pehuenches, a pocos kilómetros de Buta Ranquil, zona que forma parte del corredor productivo del norte neuquino donde operan empresas de servicios y exploración vinculadas a Vaca Muerta. La calidad de vida de los pobladores rurales en el entorno de las cuencas productivas es un factor que incide en la retención de mano de obra local y en la viabilidad de proyectos de largo plazo. Desde una perspectiva macroeconómica provincial, Neuquén destina una porción creciente de las regalías hidrocarburíferas —que en 2025 superaron los 400.000 millones de pesos corrientes— a obra pública, aunque la distribución territorial de esa inversión ha sido históricamente desigual. El uso de financiamiento externo como la línea CAF permite liberar recursos propios para otras prioridades presupuestarias.

El avance del 20% implica que resta ejecutar aproximadamente el 80% de los trabajos para completar el sistema integral. Con el ritmo actual, la habilitación del servicio se proyecta para la segunda mitad de 2027. Lo que el sector debe monitorear de aquí en adelante es si este esquema de financiamiento CAF para infraestructura hídrica rural se replica en otros parajes con situaciones similares —existen al menos una docena de localidades en el norte y la cordillera neuquina con acceso precario al agua— y si la provincia logra estructurar un programa sistemático que combine regalías, fondos nacionales y crédito multilateral. También está pendiente la definición del modelo operativo post-obra: quién operará y mantendrá el sistema una vez habilitado, con qué presupuesto y bajo qué esquema tarifario para los usuarios, en un contexto donde muchos parajes rurales no tienen capacidad de pago que sostenga una concesión privada.

Puntos clave

• Es el primer crédito de la CAF para infraestructura hídrica rural en Neuquén, un instrumento financiero inédito para este tipo de proyectos en la provincia.
• La obra reemplaza un sistema completamente precario —captación directa sin tratamiento desde una microcentral eléctrica— por una red domiciliaria con potabilización y reserva.
• El 20% de avance actual proyecta la habilitación del servicio para 2027, con intervención conjunta del EPAS y la UPEFE.
• El proyecto se enmarca en una política provincial de equidad territorial que en esta gestión incluyó extensión de gas y electricidad a localidades del Alto Neuquén y Los Chihuidos.

Preguntas del sector

Al tratarse del primer crédito del organismo para infraestructura hídrica rural en la provincia, las condiciones específicas —tasa, plazo, garantías— no han sido divulgadas oficialmente. Sin embargo, la CAF suele estructurar estos instrumentos como préstamos soberanos con plazos de 15 a 25 años y tasas en torno al 5-6% anual en dólares, con foco en proyectos con componente ambiental o de inclusión social. El precedente es relevante porque habilita a la UPEFE a gestionar líneas similares para otros parajes con déficit hídrico, siempre que la provincia mantenga su calificación crediticia ante el organismo.

Este es el punto crítico que determina la sustentabilidad de la obra en el largo plazo. En parajes rurales de baja densidad, el EPAS opera habitualmente mediante delegaciones locales o acuerdos con municipios y comisiones de fomento, con subsidio cruzado desde la tarifa urbana. El costo de operación de un sistema de esta escala —bomba, cloración, mantenimiento de red— puede oscilar entre 3 y 8 millones de pesos mensuales a valores de 2026, una cifra que las 40 familias difícilmente cubran con una tarifa plena. La definición de ese modelo antes de la habilitación evita el deterioro prematuro de la infraestructura.