Las potencias industriales boicotean la primera conferencia global sobre el fin de los combustibles fósiles

La primera conferencia internacional dedicada exclusivamente a debatir la transición hacia un mundo sin combustibles fósiles arrancó el 24 de abril en Santa Marta, Colombia, con una concurrencia que refleja las tensiones geopolíticas y los intereses económicos que frenan ese proceso a escala global. Apenas unos 60 países de los más de 190 signatarios del Acuerdo de París confirmaron participación en el evento, que se extiende hasta el 29 de abril y es impulsado conjuntamente por Colombia y la presidencia brasileña de la COP30. El objetivo declarado no es cerrar un gran acuerdo, sino dar los primeros pasos concretos hacia un mapa de ruta global para abandonar el petróleo, el gas y el carbón.

El tema ha sido históricamente esquivado en las cumbres climáticas de la ONU, donde la mención explícita al fin de los fósiles generaba bloqueos diplomáticos. Fue recién en la COP28, celebrada en Dubai en 2023, cuando 195 partes acordaron formalmente avanzar en la transición y comprometerse a triplicar la capacidad renovable global antes de 2030. Desde entonces, el debate ganó terreno institucional, aunque las principales empresas petroleras del mundo revirtieron sus compromisos de descarbonización, retomando el foco en exploración y producción bajo el argumento de incertidumbre regulatoria y bajo retorno en energías limpias.

Las ausencias en Santa Marta son tan significativas como las presencias. No asistieron los tres mayores emisores de gases de efecto invernadero: Estados Unidos, China e India. Tampoco los grandes productores del Golfo Pérsico —Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein—, varios de ellos inmersos en las turbulencias geopolíticas desatadas por la administración Trump en Oriente Medio. De los países de la Amazonia, solo confirmaron asistencia Brasil, Colombia —anfitriona— y Francia en representación de la Guyana Francesa. Según un relevamiento del Climate Diplomacy Brief con datos del FMI, las naciones presentes acumulan un PBI de aproximadamente 42 billones de dólares y una demanda anual de petróleo cercana a 10.000 millones de barriles. Por su parte, 46 países ya cuentan con planes de descarbonización del sector energético, y 11 de ellos —entre los que figuran Reino Unido, Noruega y Colombia— estudian limitar o reducir su oferta de combustibles fósiles.

El impacto estratégico de la conferencia no se medirá por acuerdos vinculantes —que no están en agenda— sino por su capacidad de alimentar el mapa de ruta que Brasil elabora de cara a la COP30, prevista para noviembre en Belém. Analistas del Observatorio del Clima señalan que el conflicto en Oriente Medio otorgó mayor urgencia política al debate, al visibilizar los costos humanitarios, geopolíticos y económicos de la dependencia global de hidrocarburos. Sin embargo, el propio Brasil ilustra la tensión de fondo: su Plan Clima de Energía prioriza la sustitución de la demanda mediante biocombustibles y la descarbonización de la producción petrolera con tecnologías de captura de carbono, sin renunciar a la exportación de crudo. Para el Instituto E+, la demora en la transición prolonga lock-ins tecnológicos —como infraestructura de transporte de gas o refinerías— que elevarán los costos futuros de descarbonización. La conferencia de Santa Marta, con toda su fragilidad política, intenta convertir ese diagnóstico en acción colectiva.