RedacciónEl gobierno federal de Brasil anunció un paquete extraordinario de medidas fiscales por más de R$ 10.000 millones destinado a contener el alza en los precios del diésel, agravada por las tensiones bélicas en Oriente Medio. El esquema incluye la emisión de una nueva medida provisional que amplía los subsidios existentes, la creación de una subvención específica para refinadoras nacionales y la desgravación de impuestos federales sobre el queroseno de aviación (QAV) y el gas licuado de petróleo (GLP). El financiamiento proviene de los ingresos petroleros del Estado, particularmente del impuesto del 12% a las exportaciones de crudo vigente desde el 12 de marzo, además de los royalties y la participación estatal en la producción del presal.
El contexto inmediato del anuncio es la escalada de precios internacionales del Brent, que encarece tanto el diésel importado como el producido localmente. Desde la sanción de la MP 1340 —denominada «MP del Diésel»— el 12 de marzo, el gobierno ya había instrumentado una reducción de R$ 0,32 por litro en los impuestos federales al combustible, con vigencia hasta mayo y un techo presupuestario de R$ 10.000 millones. Sin embargo, la persistencia de la presión inflacionaria sobre los combustibles y el impacto de un reajuste del 55% en el QAV aplicado por Petrobras desde el 1° de abril obligaron al Ejecutivo a profundizar la intervención. A ello se sumó la controversia por los leilões de GLP de la estatal, cuyos sobreprecios superaron el 100% de los valores contractuales habituales con distribuidoras.
El nuevo instrumento normativo establece una subvención adicional de R$ 0,80 por litro de diésel nacional, exclusivamente para refinadoras que procesan crudo propio —una condición que apunta directamente a Petrobras—, que se suma a los R$ 0,32 ya vigentes, llevando el beneficio total a R$ 1,12 por litro, con posibilidad de escalar a R$ 1,44 al incorporar la desgravación impositiva federal. Para el diésel importado, se crea una subvención adicional de R$ 1,17 por litro —equivalente al ICMS provincial— que eleva el subsidio combinado a R$ 1,49 por litro. El costo de la subvención al diésel nacional se estima en R$ 3.000 millones mensuales, totalizando R$ 6.000 millones en abril y mayo, con posibilidad de prórroga por dos meses más. Los R$ 4.000 millones restantes corresponden al diésel importado, a ser distribuidos en partes iguales entre la Unión y los estados. El GLP importado recibirá una subvención de R$ 0,85 por kilo, con un costo estimado en R$ 330 millones para el bimestre. El ministro de Hacienda, Dário Durigan, y el de Planificación, Bruno Moretti, encabezaron el anuncio; este último acaba de asumir la cartera tras la salida de Simone Tebet.
El impacto fiscal acumulado de las medidas de contención del precio de los combustibles supera ahora los R$ 40.000 millones: R$ 20.000 millones por la desgravación federal del diésel, R$ 10.000 millones por la subvención original de la MP 1340 y los nuevos R$ 10.000 millones del paquete anunciado. La arquitectura del esquema consolida a Petrobras como principal beneficiaria del andamiaje de subsidios, en tanto operadora dominante en refinación, importación de GLP y producción de QAV. En paralelo, el sector aeronáutico accedió a R$ 9.000 millones en líneas de crédito —con hasta R$ 2.500 millones por empresa vía el Fondo Nacional de Aviación Civil— y capital de trabajo garantizado por la Unión. La medida sobre el biodiesel, que reduce en R$ 0,02 el impuesto federal sobre ese insumo de mezcla obligatoria, responde a una enmienda constitucional de 2023 que exige menor carga tributaria para los biocombustibles frente a sus equivalentes fósiles; el gobierno no precisó el impacto presupuestario de esta ni de la desgravación del QAV. La sostenibilidad del esquema depende de que los precios del crudo se mantengan elevados, dado que el financiamiento descansa en ingresos petroleros variables.
