Mientras Brasil eleva el corte de etanol, Argentina mantiene su política de biocombustibles sin rumbo definido

La decisión del gobierno brasileño de elevar al 30% la mezcla obligatoria de etanol anidro en la gasolina y aumentar la octanaje mínima del combustible evidencia una política energética orientada a potenciar los biocombustibles como eje de su estrategia de descarbonización. En contraste, la Argentina sostiene niveles de corte más bajos —12% para bioetanol y 7,5% para biodiésel— y carece de un horizonte regulatorio claro para el sector.

Mientras en Brasil la Ley del Combustible del Futuro estructura un marco legal previsible que permite inversiones de largo plazo, el mercado argentino opera bajo decisiones fragmentarias, sin señales de mediano plazo que incentiven la expansión de la capacidad instalada. La última reforma de la Ley de Biocombustibles (2021) introdujo topes al corte y eliminó mecanismos automáticos de actualización, restando dinamismo a una industria clave para la economía regional.

El contraste también se da en el rol del Estado: mientras la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) en Brasil actúa como ente técnico que regula y fiscaliza estándares de calidad para acompañar el nuevo corte, en Argentina los actores del sector reclaman una mayor institucionalidad para garantizar reglas de juego estables, especialmente ante la presión de las petroleras por evitar subas en el precio de las naftas.

En un contexto de transición energética, la experiencia brasileña refuerza el debate sobre el papel que deben jugar los biocombustibles en la matriz argentina. Con una capacidad ociosa cercana al 40% y potencial exportador no desarrollado, la definición de una política de largo plazo aparece como una deuda pendiente para alinear el desarrollo productivo con los compromisos ambientales.