Redacción
El gobernador Rolando Figueroa se reunirá con el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, para presentar una agenda defensiva de los intereses neuquinos centrada en cuatro ejes críticos: la continuidad del régimen de Zona Fría, el traspaso de rutas nacionales estratégicas, la mejora de accesos hacia Vaca Muerta y una política provincial sobre tierras fiscales que representen el 33% del territorio provincial. La cita refleja el pulso constante que mantiene la administración Figueroa con la Casa Rosada en materia de política energética, fiscal y territorial.
En el contexto actual de la economía argentina, donde la estabilización macroeconómica avanza pero los mecanismos de transferencia a regiones productoras aún generan tensiones, Neuquén enfrenta un escenario delicado. La Zona Fría —el régimen tributario diferencial que representa un ahorro de entre 8.000 y 10.000 millones de pesos anuales para las provincias patagónicas— constituye un pilar fundamental del modelo de industrialización regional. Cualquier modificación sin consenso federal podría impactar directamente en la viabilidad económica de proyectos de inversión en Vaca Muerta, donde YPF, Tecpetrol, Pan American Energy y otros operadores dependen de márgenes operativos ajustados que, en gran medida, se sostienen gracias a estos beneficios tributarios.
La solicitud de Figueroa por manifestaciones expresas sobre el subsidio de Zona Fría no es retórica: busca cerrar una puerta que podría abrirse nuevamente en negociaciones presupuestarias futuras. Neuquén aporta al erario nacional aproximadamente el 8% de la recaudación fiscal total argentina, principalmente a través de royalties y retenciones petroleras. En 2025, según estimaciones del Instituto de Estadísticas y Censos provincial, los ingresos por hidrocarburos representaron 42.500 millones de pesos, de los cuales el régimen de Zona Fría permitió reinvertir sectores productivos locales. El mantenimiento de este régimen es condición sine qua non para que los operadores petroliferos mantengan sus planes de inversión en Vaca Muerta durante los próximos 18 meses.
El segundo frente —el traspaso de rutas nacionales— toca un problema concreto: la integración territorial y la absorción de costos. Las rutas 242 (Paso Pino Hachado), 231, 40 y 237, todas estratégicas para la conectividad regional con Chile y para la logística interna de Vaca Muerta, requieren mantenimiento constante. Neuquén ha demostrado capacidad administrativa en gestión de infraestructura vial (la ruta 22, mencionada por el gobernador, es ejemplo de ello), pero el traspaso de más corredores implica una inversión anual estimada en 5.000 millones de pesos que la provincia deberá arbitrar, probablemente con fondos que hoy se asignan a educación o salud. El corredor de los Siete Lagos, añadido reciente a la agenda, representa un activo turístico de alto potencial pero requiere inversión en infraestructura paralela. La maniobra de Figueroa, entonces, es obtener del Gobierno nacional participación en el financiamiento de esos traspasos, no solo la transferencia administrativa.
En cuanto a Vaca Muerta, el gobernador señala un problema operacional concreto: la congestión de tránsito pesado en rutas convencionales cercanas a ciudades como Neuquén y San Martín de los Andes. Con una producción diaria de petróleo que oscila entre 330.000 y 350.000 barriles (cifra que podría alcanzar 380.000 barriles hacia 2027 si se concretan las inversiones anunciadas), los movimientos de equipos, insumos y personal generan impactos ambientales, de seguridad vial y de calidad de vida en centros urbanos. El proyecto conjunto con Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) apunta a diseñar corredores alternativos o mejorados que segreguen el tránsito pesado. Esta gestión es central para que el yacimiento no genere rechazo social en las ciudades neuquinas, algo que ya comienza a observarse en asambleas barriales y en medios locales.
El cuarto eje —la ley de tierras— representa un conflicto más profundo. Neuquén votó en contra de la norma nacional porque propone una lógica opuesta a la que la provincia sustenta. El proyecto que presentará Figueroa en días próximos buscará demostrar un modelo alternativo de administración de esas tierras fiscales (33% del territorio provincial), probablemente orientado a uso productivo controlado, regularización de ocupantes históricos y retención de control estatal sobre decisiones de destino. Este es un campo donde la divergencia ideológica con el Gobierno nacional es frontal: mientras que la ley nacional impulsa mayor participación privada, Neuquén reivindicará soberanía sobre su patrimonio territorial. La viabilidad de este proyecto dependerá de que no compita con leyes nacionales ya sancionadas.
Más allá de los temas específicos, la estrategia de Figueroa refleja una realidad provincial: Neuquén es una provincia muy dependiente de transferencias de política federal (Zona Fría, royalties diferenciados, inversión en infraestructura), pero posee un peso político creciente en la coalición de gobernadores. La reunión con Santilli no es solo negociación táctica, sino ejercicio de poder territorial. La provincia que genera el 12% de la energía renovable nacional y aporta más del 60% del petróleo y gas del país tiene argumentos para exigir definiciones concretas, no promesas vagas. El diálogo institucional que Figueroa reivindicaba en la nota es, en realidad, una forma de presión legítima.
La estimación interna provincial indica un costo anual de mantenimiento de aproximadamente 5.000 millones de pesos. Neuquén deberá reasignar presupuesto de otras carteras o negociar compensaciones con Nación. El CFI podría participar en financiamiento de obras estratégicas, pero el operativo anual recaerá en recursos provinciales.
¿Qué mecanismo permitiría al proyecto provincial de tierras coexistir con la ley nacional ya sancionada?Neuquén argumentará que la ley nacional faculta a provincias a definir su propia política de uso de tierras fiscales provinciales. El proyecto neuquino buscaría destacar diferencias en prioridades (retención estatal, regularización de ocupantes, destino productivo controlado) sin derogar la norma nacional, pero requiere claridad legal que aún no existe.
