Bolivia reforma su ley de hidrocarburos para atraer inversión privada sin tocar la Constitución

Bolivia avanza en la reforma de su marco legal hidrocarburífero bajo la conducción del nuevo ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco, quien asumió el cargo comprometido a presentar el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa en los próximos días. La iniciativa es la principal herramienta del gobierno de Rodrigo Paz para revertir el declive sostenido en la producción de gas natural y recuperar la autosuficiencia en petróleo y derivados, objetivo que exige descomprimir una carga tributaria que ahuyentó al capital extranjero durante años. El contexto político interno, sin embargo, es adverso: en menos de cinco meses de gestión, el gobierno ya acumula tres cambios en la presidencia de YPFB, la renuncia de la titular Claudia Cronenbold —quien encontró a la estatal «significativamente más deteriorada de lo previsto»— y la salida del ministro Mauricio Medinaceli, que conducía las negociaciones de reforma.

La industria de hidrocarburos boliviana arrastra una crisis estructural que se profundizó tras la nacionalización del sector dispuesta por Evo Morales en la década de 2000, proceso que desarticuló la confianza inversora y redujo drásticamente la actividad exploratoria. La ley vigente (3058/2005) establece una carga mínima del 50% sobre los ingresos petroleros —distribuida entre el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32% y regalías del 18%—, aunque la participación gubernamental efectiva supera ese umbral al incorporar la participación adicional de YPFB en los contratos operacionales. En su pico, la presión tributaria llegó a superar el 80%, nivel que tornó inviable la rentabilidad de nuevos proyectos. La nueva ley integra un paquete de cuatro reformas energéticas que incluye también legislación sobre electricidad, energía verde y litio.

Según declaraciones de Medinaceli antes de su salida, la propuesta central es limitar la carga fiscal al 50%, eliminando la discrecionalidad de YPFB en la gestión contractual y suprimiendo el concepto de «costos recuperables» de los contratos de riesgo compartido. El ajuste se haría sin modificar la Constitución de 2009 —que reserva al Estado la propiedad de los hidrocarburos y su administración a través de YPFB—, dado que el umbral del 50% fue ratificado por referéndum nacional en 2004. El certificado de reservas publicado por YPFB a fines de 2024 confirmó el deterioro: al 31 de diciembre de 2023, las reservas probadas alcanzaban 4,5 TCF (billones de pies cúbicos), una caída del 58% respecto de 2017. El nuevo presidente de YPFB, Sebastián Daroca, advirtió que Bolivia podría pasar de exportador a importador neto de gas en cuatro o cinco años. Entre los operadores con presencia en el país figuran Petrobras y Fluxus (Grupo J&F), ambas condicionando nuevas inversiones a cambios concretos en el marco regulatorio.

El impacto del declive boliviano ya se siente en el mercado regional, particularmente en Brasil, que históricamente importó volúmenes significativos de gas boliviano por el gasoducto GASBOL. Para Rivaldo Moreira Neto, socio director de A&M Infra, la recuperación de la confianza inversora demandará una reducción fiscal más agresiva que la propuesta, dado que al riesgo institucional se suma un contexto exploratorio desfavorable: los grandes reservorios habrían sido mayormente descubiertos, mientras que los nuevos esfuerzos implican mayor capital con menor escala potencial de hallazgos. El analista advierte que incluso en un escenario optimista de éxito exploratorio rápido, se necesitarán varios años para poner en producción nuevos campos. La reforma política, sostiene, es condición necesaria pero no suficiente: la reconstitución de una industria que operó sin dinamismo inversor durante casi dos décadas requiere un proceso de construcción institucional de mediano plazo que ningún cambio de gobierno puede acelerar de manera abrupta.