Neuquén exige reporte verificado de emisiones al upstream hidrocarburífero

El gobierno de Neuquén formalizó el Procedimiento de Reporte de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el sector hidrocarburífero mediante la Resolución 258/2025, reglamentada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales a través de la Subsecretaría de Cambio Climático. La norma establece con precisión qué datos deben presentar las operadoras del segmento upstream, bajo qué metodologías técnicas y en qué condiciones esa información será considerada válida para orientar decisiones de política pública. El marco fue presentado por el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, ante representantes del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

El procedimiento se inscribe en el Programa de Monitoreo y Mitigación de Emisiones del Sector Hidrocarburífero y cubre, en esta primera etapa, las actividades de exploración, desarrollo, explotación, acondicionamiento y conducción de hidrocarburos hasta el punto de transferencia. El diseño regulatorio responde a una debilidad estructural del sistema anterior: la ausencia de criterios unificados obligaba a comparar datos producidos con metodologías dispares, lo que reducía la utilidad de los reportes para la evaluación de emisiones —en particular de metano— y limitaba la capacidad de fiscalización estatal.

La herramienta introduce un esquema de cinco niveles de exigencia técnica escalonados según el volumen de producción de cada operadora. Las empresas de mayor escala deberán avanzar hacia metodologías con menor incertidumbre y mayor respaldo empírico, incluyendo la identificación detallada de equipos y procesos, el desarrollo de factores de emisión propios basados en mediciones directas y, en los niveles superiores, la validación mediante tecnologías de detección remota a nivel de instalación. Un elemento central del esquema es la verificación obligatoria por organismos independientes, que fortalece la credibilidad de la información y el poder de control del Estado sobre el principal sector económico de la provincia.

La implementación será gradual hasta 2030, con exigencias crecientes que acompañarán el crecimiento previsto de la actividad en Vaca Muerta. El sistema permitirá construir inventarios anuales sectoriales con mayor consistencia técnica, identificar fuentes críticas de emisión y diseñar estrategias de mitigación alineadas con estándares internacionales de monitoreo, reporte y verificación (MRV). Para el sector privado, la norma implica inversión en capacidad de medición y adaptación operativa; para el Estado, representa un salto cualitativo en la gestión de información ambiental y en la solidez de su política climática frente a mercados y organismos internacionales cada vez más atentos a la huella de carbono del gas y el petróleo.