Redacción
La revisión tarifaria de las transportadoras de gas natural en Brasil alcanzó su etapa más crítica. La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) debe resolver el punto más controvertido del proceso: la adopción o el rechazo del denominado Método del Capital Recuperado (RCM, por sus siglas en portugués), que los usuarios del sistema defienden como mecanismo para evitar la doble remuneración de activos ya amortizados. La decisión determinará la Base Regulatoria de Activos (BRA) y, con ella, la Renta Máxima Permitida (RMP) de NTS y TAG para el próximo ciclo quinquenal.
El proceso de revisión tarifaria de los gasoductos brasileños involucra activos con décadas de operación, muchos de ellos construidos bajo regímenes contractuales previos a las revisiones periódicas modernas. La NTS (Nova Transportadora do Sudeste) y la TAG (Transportadora Associada de Gás) fueron privatizadas tras operar bajo el Consórcio Malhas Sudeste y Nordeste, controlado por Petrobras. Esa historia societaria compleja —con reestructuraciones, regímenes de consorcio y contratos de leasing— es precisamente el nudo regulatorio: las empresas sostienen que no existe contabilidad regulatoria separada desde la construcción de los activos, lo que hace inviable la aplicación del RCM. La ANP no había adoptado esta metodología en una primera instancia, argumentando que la base de datos disponible era insuficiente.
En las últimas semanas, la ANP solicitó a Petrobras, NTS y TAG información adicional sobre el historial de facturación del Consórcio Malhas. El plazo venció el 15 de abril y las tres empresas presentaron documentación, aunque su contenido no fue confirmado públicamente. En paralelo, el Consejo de Usuarios (CdU) encargó a la consultora Calden simulaciones que concluyen que la base de activos de ambos contratos legados ya se encuentra totalmente recuperada. Para sostener esa posición ante la ANP, el CdU recurrió a premisas basadas en documentos públicos y estimaciones para los períodos sin datos: ingresos bajo condiciones de ship-or-pay al 100% actualizados por el IGPM, costos operativos promediados por kilómetro de red y una tasa de retorno referenciada en la Comgás con un descuento del 10%. La WACC ya fue fijada por la ANP en 7,63%, por debajo del pedido de las transportadoras, que recurrieron esa decisión. La Asociación ATGás, en tanto, presentó un estudio de Synergies Economic Consulting que señala que el RCM tuvo aplicación marginal en Australia —única referencia internacional citada por los usuarios— limitada a arbitrajes comerciales y nunca utilizada para definir una BRA en un régimen tarifario regulado.
El director relator del expediente, Pietro Mendes, anticipó en un encuentro del Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia (IBDE) que, si la ANP avanza con el RCM, propondrá una nueva consulta pública de plazo acotado antes de la decisión final. La etapa siguiente —la definición de la RMP y las propuestas tarifarias para 2026-2030— estaba prevista para mayo, aunque podría postergarse. La tarifa resultante se calculará dividiendo la RMP por la demanda efectiva del sistema, lo que introduce otra variable de incertidumbre: el volumen real de capacidad que las termoeléctricas contratadas en el segundo Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) de marzo efectivamente reservarán en los gasoductos. La elección metodológica no es un tecnicismo: determina si los activos se remuneran sobre valor histórico corregido o sobre una base que descuenta lo ya recuperado, con impacto directo en tarifas industriales y en las señales de inversión para la expansión de infraestructura de transporte.
