RedacciónEl avance legislativo del proyecto de ley 2780/24, que establece la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos de Brasil, enfrenta sucesivos aplazamientos originados en tensiones dentro del propio gobierno federal. El informe del diputado relator Arnaldo Jardim (Cidadania/SP), que debía presentarse el 7 de abril, fue postergado por segunda vez a pedido del Ejecutivo, con una nueva fecha prevista para el 22 de abril. La Casa Civil constituyó un grupo interministerial con el objetivo de canalizar demandas del Palacio del Planalto hacia el relator, quien podría incorporar modificaciones puntuales al texto durante las negociaciones.
El interés del Ejecutivo en este proyecto se intensificó en los últimos meses, impulsado tanto por disputas internas como por presiones externas vinculadas a la soberanía sobre los recursos minerales. Brasil posee reservas significativas de minerales como litio y tierras raras, insumos esenciales para la transición energética, la economía digital y la industria de defensa. A nivel global, la cadena de procesamiento de estos materiales está altamente concentrada: China controla aproximadamente el 80% del beneficiamiento mundial de litio y tierras raras, lo que llevó a Estados Unidos a buscar activamente alternativas de abastecimiento y a presionar a socios estratégicos en América del Sur.
Las divergencias al interior del gobierno brasileño se expresan en propuestas concretas que circularon en las últimas semanas: la creación de una empresa estatal para tierras raras y la imposición de un impuesto a las exportaciones de minerales en bruto, con el objetivo de evitar que Brasil se consolide como simple exportador de commodities sin valor agregado. Ambas iniciativas encontraron resistencia en el área económica del gobierno y fueron descartadas por el propio relator Jardim, quien en cambio propone mecanismos de incentivos, un certificado de bajo carbono y un fondo de garantía para atraer inversión extranjera y desarrollar cadenas de valor locales. El PL 2780/24 tramita en régimen de urgencia y será tratado directamente en el Plenario de la Cámara de Diputados, sin pasar por comisiones.
La definición del marco regulatorio tiene implicancias que van más allá del plano sectorial: el debate se trasladó a la campaña presidencial de 2026, con posiciones diferenciadas entre el presidente Lula —favorable a diversificar socios comerciales entre China, India, la Unión Europea y Estados Unidos— y referentes opositores como el senador Flávio Bolsonaro y el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, que propugnan una alineación más estrecha con Washington como proveedor estratégico. La demora en sancionar un marco legal claro genera incertidumbre para los inversores privados y puede afectar la posición competitiva de Brasil en un mercado global en reconfiguración acelerada, donde la disputa por minerales críticos se convirtió en eje de política industrial y geopolítica para las principales potencias económicas.
