RedacciónLa bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados de Brasil presentó un proyecto de ley que propone la creación de la Empresa Brasileña de Minería de Tierras Raras (Terrabras) y la implementación de un régimen de reparto de producción para minerales estratégicos y críticos. La iniciativa establece una participación mínima del 50% de la producción para la nueva estatal en todos los contratos firmados, con una cuota de la Unión que oscilaría entre el 10% y el 80% del total extraído. El texto, registrado como PL 1754/2026 y presentado por el diputado Pedro Uczai, llegó apenas un día después de que el legislador Rodrigo Rollemberg (PSB) introdujera el PL 1733/2026, una propuesta con similares objetivos pero diferente arquitectura jurídica. Ambas iniciativas apuntan a un organismo público vinculado al Ministerio de Minas y Energía con competencias sobre exploración, procesamiento industrial y comercialización.
El debate legislativo se produce en un contexto de creciente disputa interna dentro del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva sobre cómo articular la política nacional de minerales críticos. La Casa Civil impulsó el aplazamiento del dictamen del diputado Arnaldo Jardim (Cidadania) sobre el PL 2780/2024, que crea el marco regulatorio general para este sector. Jardim se ha manifestado públicamente en contra de la creación de una empresa estatal, lo que profundiza las tensiones entre las distintas corrientes del oficialismo. Un grupo interministerial trabaja para integrar las visiones divergentes antes de la nueva fecha prevista para el informe parlamentario: el 22 de abril.
Brasil posee aproximadamente el 20% de las reservas mundiales de tierras raras, según análisis del banco XP, pero su posición como productor es marginal: la única mina en operación es Serra Verde. Las tierras raras —un conjunto de 17 elementos químicos esenciales para motores eléctricos, turbinas eólicas, equipos de defensa y electrónica de consumo— tienen una cadena de valor fuertemente concentrada: China controla cerca del 70% de la producción minera global y más del 90% de la capacidad de refinación. Esta realidad convierte a Brasil en un activo estratégico para Estados Unidos y la Unión Europea, que aceleran sus programas de diversificación de suministros. La propuesta del PT también prevé reemplazar a la Compañía de Investigación de Recursos Minerales (CPRM), fundada en 1969, y exige cláusulas de contenido local, transferencia tecnológica y auditorías periódicas en los contratos con privados.
El impacto estratégico de estas iniciativas trasciende lo sectorial: el presidente Lula ha incorporado el discurso sobre soberanía mineral como eje de su campaña de cara a las elecciones de 2026, posicionando la defensa de los recursos críticos como una bandera de desarrollo nacional frente a lo que denomina posiciones «entreguistas». La eventual aprobación de un régimen de reparto similar al vigente en el sector petrolero alteraría sustancialmente las condiciones de inversión para operadores privados y multinacionales que evalúan proyectos en Brasil. La falta de consenso dentro del propio gobierno sobre el modelo —estatal versus regulación de mercado— introduce incertidumbre regulatoria en un momento en que el país podría capitalizar su posición geológica en la reconfiguración global de las cadenas de suministro de minerales críticos.
