
El gigante sudamericano debate crear una empresa estatal para tierras raras en medio de tensiones geopolíticas
Redacción
El diputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB/DF), exsecretario del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), presentó el 9 de abril un proyecto de ley para autorizar al gobierno federal la creación de Tierras Raras Brasileñas S.A. (Terrabras), una empresa pública destinada a la exploración, procesamiento, industrialización y comercialización de tierras raras y otros minerales críticos. La iniciativa apunta a garantizar control soberano sobre insumos considerados estratégicos tanto para la transición energética como para la industria de defensa, y se alinea con el discurso oficial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien viene sosteniendo que Brasil debe evitar exportar materia prima sin valor agregado, replicando el modelo que hoy predomina con el mineral de hierro extraído por Vale.
El proyecto llega en un contexto de creciente presión geopolítica sobre los recursos minerales brasileños. El gobierno del estado de Goiás, encabezado por Ronaldo Caiado (PSD), firmó un acuerdo con Estados Unidos para la exploración de tierras raras en su territorio, un movimiento que el gobierno federal interpretó como una superposición a la jurisdicción federal establecida constitucionalmente. En paralelo, el senador Flávio Bolsonaro realizó declaraciones en suelo estadounidense proponiendo a Brasil como proveedor de minerales críticos para ese país, lo que intensificó el debate interno sobre autonomía estratégica. A esto se suma que esta semana la minera ADL concretó el primer embarque de monazita —mineral bruto portador de tierras raras— con destino a Canadá, exactamente el tipo de operación que el gobierno busca evitar.
Según el texto legislativo, Terrabras actuaría en toda la cadena productiva: desde relevamientos geológicos hasta la comercialización, incluyendo participación directa en proyectos de interés nacional. Estaría vinculada al Ministerio de Minas y Energía, podría asociarse con capitales públicos y privados, y aceptaría inversores institucionales y fondos soberanos, siempre que la Unión conserve el control accionario. Las reservas identificadas en Minas Gerais, Goiás, Bahía, Amazonas y Sergipe figuran como zonas prioritarias de actuación. Brasil posee la segunda reserva mundial de tierras raras, pero ocupa un lugar marginal en la cadena global: exporta principalmente mineral sin procesar, lo que limita de forma significativa su captación de valor tecnológico y económico.

La propuesta enfrenta resistencia dentro del propio gobierno: técnicos del Ministerio de Hacienda advierten sobre riesgos fiscales y desafíos de gobernanza asociados a la creación de una nueva empresa pública. Al mismo tiempo, el Congreso avanza en un proyecto de ley sobre minerales críticos con relatoría de Arnaldo Jardim (Cidadania/SP), cuya orientación podría no coincidir con los objetivos de Terrabras. El gobierno federal, por su parte, lleva más de dos años sin publicar una política integral para el sector. En un escenario internacional donde la oferta de minerales críticos está altamente concentrada y la competencia geopolítica se intensifica —especialmente entre Estados Unidos y China—, la definición de un marco regulatorio y de una estrategia de industrialización se vuelve cada vez más urgente para que Brasil pueda traducir sus reservas en capacidad productiva real.



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