Redacción
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó este viernes ante empresas de la cadena de valor de Vaca Muerta un proyecto de Ley de GNL que envió a la Legislatura provincial para ser votado la semana próxima. La norma apunta a garantizar condiciones competitivas de acceso a los gasoductos para que el gas no convencional neuquino pueda colocarse en los mercados internacionales. La meta que trazó Figueroa es concreta: duplicar la producción provincial al 2030, lo que implicaría también doblar los ingresos por regalías en un horizonte de cuatro años.
El acto fue organizado de manera conjunta por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los gobiernos de Neuquén y Río Negro, con el objetivo de difundir herramientas de financiamiento destinadas a proveedores locales de la industria hidrocarburífera. La iniciativa se inscribe en un momento de inflexión para la región: Vaca Muerta ya representa más del 50% de la producción nacional de gas y cerca del 40% del petróleo extraído en Argentina, y la discusión política se desplaza desde el volumen de extracción hacia la capacidad de exportación y la distribución territorial de los beneficios. La provincia de Neuquén recibió en 2025 regalías por más de 700.000 millones de pesos, una cifra que el propio Figueroa proyecta que crecerá sustancialmente a partir de 2027 con el aumento de las exportaciones de crudo y, desde 2028-2029, con el gas.
El proyecto de GNL al que aludió Figueroa está directamente vinculado al acuerdo marco firmado entre la provincia y YPF para el desarrollo de una planta de licuefacción de gas natural en la costa atlántica rionegrina. Ese esquema requiere que Neuquén garantice volúmenes suficientes y precios de transporte en los gasoductos que sean competitivos respecto de otros orígenes de GNL en el mercado global, donde el precio de referencia del gas licuado oscila entre 10 y 13 dólares por millón de BTU según el destino. La capacidad del gasoducto Néstor Kirchner —inaugurado en 2023 y con una capacidad de 11 millones de metros cúbicos diarios en su primera etapa— es central para este esquema, aunque la ampliación a 24 millones de metros cúbicos diarios que prevé la segunda etapa aún no tiene financiamiento confirmado. La Ley de GNL neuquina buscaría justamente crear un marco regulatorio que asegure prioridad de acceso y tarifas previsibles para los proyectos de exportación.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aportó un dato de avance concreto sobre el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): la terminal exportadora de petróleo en Punta Colorada tiene un grado de ejecución del 70%. El oleoducto troncal está terminado desde hace siete meses, la planta concentradora de Allen avanza al mismo ritmo y ya están construidos tres de los seis tanques de almacenamiento previstos en la terminal marítima. El objetivo declarado es iniciar exportaciones durante el primer cuatrimestre de 2027. VMOS, impulsado por un consorcio liderado por YPF con participación de Pan American Energy, Pampa Energía y otras operadoras, permitirá exportar hasta 560.000 barriles diarios de crudo Vaca Muerta cuando opere a plena capacidad, lo que representaría casi el doble de las exportaciones petroleras actuales de Argentina.
La jornada del CFI no fue solo un evento político: la presencia de entidades financieras y empresas proveedoras refleja un problema estructural que el sector reconoce pero raramente discute en público. Las pymes neuquinas y rionegrinas que prestan servicios a las grandes operadoras de Vaca Muerta —desde logística y construcción hasta química industrial y manufactura metalmecánica— enfrentan brechas de financiamiento que limitan su escala justo cuando la demanda de la cuenca crece a tasas de dos dígitos anuales. El CFI, que administra fondos fiduciarios y líneas de crédito para economías regionales, apunta a cubrir esa brecha con instrumentos adaptados al ciclo largo de la industria hidrocarburífera. Lo que viene es una carrera contra el reloj: si la infraestructura de exportación avanza más rápido que la cadena de proveedores locales, la captura de valor quedará en manos de contratistas de otras provincias o del exterior, vaciando buena parte del argumento distributivo que esgrimen ambos gobernadores. Las decisiones sobre financiamiento, regulación tarifaría en gasoductos y cronograma legislativo de la Ley de GNL que se tomen en las próximas semanas definirán si el salto exportador de Vaca Muerta se traduce en desarrollo económico local o queda como un fenómeno de enclave.
La norma debe establecer un régimen de acceso prioritario a la capacidad de transporte en el gasoducto Néstor Kirchner para los volúmenes comprometidos en contratos de exportación de GNL, fijar una metodología de cálculo de tarifas de transporte que sea predecible para horizontes de 20 años —el plazo típico de un contrato de compra de GNL— y crear un mecanismo de arbitraje provincial para resolver disputas de acceso sin depender exclusivamente del ENARGAS nacional. Sin esos tres elementos, la ley corre el riesgo de ser una declaración de intenciones sin efecto operativo.
¿Cuál es el riesgo de que la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner no esté lista cuando comiencen las exportaciones de GNL?Si la ampliación del gasoducto de 11 a 24 millones de metros cúbicos diarios no está operativa antes de 2028-2029, los volúmenes disponibles para licuefacción serán insuficientes para alimentar una planta de escala comercial, que típicamente requiere entre 8 y 12 millones de metros cúbicos diarios por tren de licuefacción. El resultado sería que Argentina llegaría al mercado global de GNL con capacidad ociosa en la planta o con compromisos de entrega que no puede cumplir, lo que dañaría la reputación del país como proveedor confiable en un mercado donde los contratos a largo plazo se negocian con años de anticipación.
