Redacción
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció ante ejecutivos y empresarios de la construcción que la provincia proyecta destinar 1.000 millones de dólares anuales en obras públicas durante la gestión actual. La exposición tuvo lugar este martes en el ciclo Construyamos Puentes organizado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en el predio de La Rural, en Buenos Aires, donde Figueroa compartió panel con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. La cifra posiciona a Neuquén como uno de los principales ejecutores de infraestructura a nivel provincial en el país, en un contexto nacional donde el sector de la construcción acumula una caída de empleo que supera el 20% del padrón activo según datos de la UOCRA.
La presentación se inscribe en un momento bisagra para la economía neuquina: la provincia es el epicentro de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales más importante de América Latina fuera de Norteamérica, y enfrenta el desafío estructural de convertir la renta hidrocarburífera en desarrollo territorial genuino. Históricamente, las provincias productoras de recursos naturales en Argentina han exhibido una paradoja conocida: generan divisas para el país pero mantienen brechas internas de infraestructura que limitan la calidad de vida de sus propias poblaciones. Neuquén no fue la excepción: localidades productoras de gas en la cordillera carecieron durante décadas del servicio domiciliario del mismo recurso que exportaban.
Entre los hitos concretos de la gestión, Figueroa enumeró la repavimentación de la red vial existente y la pavimentación de 1.000 kilómetros nuevos de rutas, la construcción de 85.000 metros cuadrados distribuidos en nueve escuelas técnicas, la ejecución de hospitales y la extensión de la red de gas hacia las localidades cordilleranas. En materia social, destacó el programa de becas Gregorio Álvarez —con 20.000 estudiantes beneficiados y reconocimiento de la UNESCO— como política de sustentabilidad social articulada con las operadoras de Vaca Muerta. El dato más significativo en el plano laboral lo aportó el secretario de la UOCRA, Rubén Pronotti: mientras a nivel nacional el sector perdió más de 90.000 puestos de trabajo en los últimos años —con caídas superiores al 50% en algunas regiones respecto de los niveles de mediados de 2023—, Neuquén pasó de aproximadamente 22.000 a 24.800 trabajadores registrados en construcción, siendo la única provincia con crecimiento neto en el rubro.
El impacto de Vaca Muerta en la economía provincial es el sustrato de todo este esquema. Figueroa señaló que la provincia registra un crecimiento del 12% anual, un dato que contrasta con la contracción económica nacional. La inversión en infraestructura no es ajena a esa dinámica: los campamentos de operadoras, los ductos, los accesos viales a los yacimientos y la red de servicios conexos demandan obras de escala que retroalimentan la actividad local. El gobernador también ponderó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como acelerador del ciclo inversor, y destacó que la provincia canceló el 50% de la deuda pública heredada mediante el ordenamiento del gasto, eliminando jubilaciones de privilegio y erogaciones consideradas superfluas para redirigir recursos hacia educación, salud y seguridad. En paralelo, la articulación con Río Negro —en la figura de su gobernador, Alberto Weretilneck— apunta a consolidar un polo exportador patagónico que potencie la licencia social de los proyectos de la cuenca Neuquina y amplíe el radio de beneficios más allá de las localidades directamente vinculadas a la actividad petrolera.
El escenario que viene plantea varias tensiones a monitorear. La meta de 1.000 millones de dólares anuales en obras depende en buena medida de la evolución de las regalías hidrocarburíferas, que a su vez están atadas al precio internacional del petróleo y al avance de los proyectos de exportación de GNL que tienen a Vaca Muerta como fuente de suministro. Cualquier corrección a la baja en el precio del crudo —el Brent cotiza en torno a los 70-75 dólares por barril en el mercado internacional, por debajo de los niveles de 2022-2023— reduciría el espacio fiscal disponible para sostener ese ritmo de inversión pública. Al mismo tiempo, la extensión de la red de gas hacia las localidades cordilleranas y la conectividad vial son precondiciones para el desarrollo del turismo de montaña, un sector que Neuquén viene impulsando como diversificador económico frente a la dependencia de los hidrocarburos. La decisión pendiente más relevante es la velocidad a la que los proyectos RIGI se concretan en contratos firmados y obras iniciadas: el régimen ya cuenta con adhesión provincial, pero la cadena de valor local de la construcción necesita visibilidad de largo plazo para dimensionar capacidad instalada y formación de mano de obra técnica, precisamente el eslabón que el programa Gregorio Álvarez busca fortalecer desde el sistema educativo.
La inversión provincial se financia principalmente con regalías hidrocarburíferas —que representan entre el 30% y el 40% de los ingresos corrientes de Neuquén según ejercicios recientes— y con coparticipación federal. Una caída sostenida del precio del Brent por debajo de los 65 dólares por barril comprimiría la masa de regalías y obligaría a priorizar obras, afectando particularmente los proyectos de menor retorno fiscal directo como la extensión de red de gas en la cordillera. El RIGI puede compensar parcialmente esa presión si los proyectos de GNL derivan en mayor producción y, por lo tanto, en mayores volúmenes sujetos a regalía.
¿Qué capacidad tiene la cadena de valor local de la construcción para absorber ese volumen de inversión sin recurrir a mano de obra y empresas de otras provincias?El dato de UOCRA —24.800 trabajadores registrados en Neuquén— muestra capacidad operativa, pero los proyectos de mayor escala técnica (plantas de procesamiento, ductos troncales, hospitales de alta complejidad) requieren especialidades que la provincia aún forma de manera insuficiente. Las nueve escuelas técnicas en construcción y el programa Gregorio Álvarez apuntan a cerrar esa brecha en un horizonte de cinco a diez años, pero en el corto plazo la demanda de mano de obra calificada seguirá traccionando la contratación de empresas extrarregionales, lo que limita el multiplicador económico local de la inversión pública.
