Redacción
El gobierno de Neuquén puso en marcha un esquema de descentralización de políticas sociales que contempla una inversión anual de 2.400 millones de pesos, distribuidos mediante aportes no reintegrables transferidos trimestralmente a municipios y comisiones de fomento de toda la provincia. En una primera etapa, ya suscribieron los convenios los municipios de Villa La Angostura y Junín de los Andes, y las comisiones de fomento de Villa Traful y Pilo Lil. El resto de las intendencias y municipios de segunda y tercera categoría se incorporarán en las próximas semanas.
La iniciativa se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración del gasto social provincial que la administración de Rolando Figueroa viene impulsando desde 2024, con foco en reducir la intermediación burocrática entre el Estado y las familias vulnerables. Neuquén cuenta con 36 municipios y comisiones de fomento distribuidos en un territorio de más de 94.000 kilómetros cuadrados, lo que históricamente dificultó la llegada uniforme de servicios sociales a zonas rurales y comunidades dispersas de la cordillera y la estepa. La descentralización apunta a corregir esa asimetría estructural, delegando ejecución presupuestaria en los gobiernos locales que tienen mayor proximidad con las realidades concretas.
Los 2.400 millones de pesos anuales se canalizarán exclusivamente hacia cuatro marcos normativos provinciales: la Ley 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Ley 2955 de Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 3349 de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Ley 1634 de Protección Integral para Personas con Discapacidad. La transferencia trimestral implica desembolsos de aproximadamente 600 millones de pesos por período. Si se distribuye entre la totalidad de los 36 municipios y comisiones de fomento, el promedio por jurisdicción ronda los 66 millones de pesos anuales, aunque la asignación final dependerá de la escala poblacional y la capacidad institucional de cada gobierno local. Municipios como Neuquén capital, Zapala o Cutral-Có, con estructuras administrativas consolidadas y mayor densidad de población en situación de vulnerabilidad, recibirán proporciones significativamente superiores a las de comisiones de fomento con menos de 500 habitantes.
Para la economía de Neuquén, la descentralización del gasto social tiene una dimensión fiscal relevante que va más allá de lo asistencial. La provincia cerró 2025 con ingresos propios que superaron el billón de pesos, traccionados en buena medida por las regalías hidrocarburíferas que en ese ejercicio representaron cerca del 35% de la recaudación total. Esa base fiscal —sólida pero concentrada en un sector extractivo sujeto a volatilidad de precios internacionales— obliga al gobierno provincial a demostrar eficiencia en la ejecución del gasto corriente. Transferir recursos a los municipios con condicionalidades legales precisas y mecanismos de rendición de cuentas reduce el riesgo de dispersión presupuestaria y permite al ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano monitorear resultados por programa. En paralelo, inyectar 600 millones de pesos trimestrales en las economías locales del interior provincial tiene un efecto multiplicador modesto pero concreto: salarios de operadores sociales, compras de insumos y servicios de cuidado que dinamizan circuitos económicos en localidades donde el sector privado formal es reducido.
El esquema está en etapa inicial y varias variables quedarán definidas en los próximos meses. El primero de los interrogantes es la velocidad de adhesión del resto de los municipios: gobiernos locales con menor capacidad técnica o administrativa podrán enfrentar dificultades para absorber y rendir los fondos en tiempo y forma, lo que podría generar demoras o subejecución en el primer ejercicio. Segundo, la sostenibilidad de la inversión depende directamente del nivel de regalías: si el precio del barril de Brent retrocede de los niveles actuales —que en junio de 2026 oscilan en torno a los 72 dólares— o si la producción de Vaca Muerta enfrenta cuellos de botella logísticos, el margen fiscal provincial para mantener este tipo de transferencias se comprime. Tercero, la articulación con los organismos nacionales que operan programas similares —como la Secretaría Nacional de Niñez o el ANDIS para discapacidad— será clave para evitar superposición de prestaciones y maximizar el impacto por beneficiario. El ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano deberá establecer protocolos claros de coordinación interjurisdiccional antes de que el esquema escale a su dimensión plena.
El convenio establece que las transferencias son aportes no reintegrables condicionados a la ejecución de acciones enmarcadas en las cuatro leyes provinciales. Los gobiernos locales deben presentar rendiciones de cuentas para habilitar el desembolso trimestral siguiente, lo que genera un mecanismo de control por corte de financiamiento. No obstante, la provincia deberá reforzar la asistencia técnica a comisiones de fomento pequeñas que carecen de contadores o trabajadores sociales propios para gestionar la documentación requerida.
¿Qué ocurre con el esquema si las regalías caen y el presupuesto provincial debe ajustarse?Los convenios firmados tienen vigencia anual y la asignación de 2.400 millones de pesos corresponde al ejercicio 2026. En caso de una caída significativa de los ingresos por regalías —que dependen del precio del crudo y del volumen de producción de Vaca Muerta— el Ejecutivo provincial podría renegociar los montos en la formulación del presupuesto 2027. Los programas sociales vinculados a leyes con asignación específica suelen tener mayor rigidez presupuestaria, pero no son inmunes a recortes en contextos de restricción fiscal severa.
