Figueroa y Marín sellaron el acuerdo fiscal que viabiliza el GNL argentino

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente de YPF, Horacio Marín, firmaron un acuerdo estratégico que establece un régimen especial de regalías, estabilidad fiscal de hasta 30 años y un bono de infraestructura por 175 millones de dólares para viabilizar el proyecto de gas natural licuado (GNL) que la compañía estatal impulsa como plataforma de exportación global. El convenio, que deberá ser ratificado por la Legislatura neuquina, alcanza a cinco nuevas concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos (CENCH) sobre las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte, y condiciona su entrada en vigor a que YPF confirme la decisión final de inversión y el financiamiento internacional en un plazo máximo de 24 meses.

El acuerdo se inscribe en un momento decisivo para la política energética argentina. Desde la sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en 2024, el gobierno nacional buscó alinear a las provincias productoras para que acompañen con marcos fiscales propios la atracción de capital extranjero hacia proyectos de exportación de largo plazo. Neuquén, que concentra más del 60% de la producción de gas no convencional del país y es el epicentro de Vaca Muerta, tiene un peso determinante en esa ecuación: sin condiciones provinciales competitivas, ningún proyecto de licuefacción puede cerrar su ecuación financiera frente a competidores como Qatar, Australia o Estados Unidos. El proceso de negociación entre la provincia y YPF llevó ocho meses de trabajo técnico, lo que refleja la complejidad de estructurar un esquema de regalías con precios de referencia diferenciados para el metano destinado a la exportación.

El proyecto GNL de YPF apunta a una capacidad inicial de exportación de entre 25 y 30 millones de toneladas anuales en su fase de madurez, con una inversión total estimada en más de 30.000 millones de dólares que incluye plantas de licuefacción, infraestructura portuaria y gasoductos de alimentación. Las cinco CENCH que cubre este acuerdo provincial son el bloque productor que abastecerá el complejo exportador. La estabilidad fiscal por 30 años desde la puesta en marcha de cada etapa —condicionada a la adhesión al RIGI— es el instrumento central que los financiadores internacionales exigen para comprometer deuda a ese horizonte temporal. El bono de infraestructura de 175 millones de dólares, ejecutable en obras o aportes directos a proyectos definidos con el gobierno provincial, es la contraprestación inmediata para Neuquén antes de que el flujo de regalías ampliadas se materialice.

Para Neuquén, el impacto potencial es estructural. La provincia recauda hoy alrededor de 1.100 millones de dólares anuales en regalías hidrocarburíferas, cifra que representa aproximadamente el 30% de sus ingresos totales. Un proyecto GNL de escala mundial duplicaría o triplicaría los volúmenes de gas producidos en las áreas involucradas, con la consecuente multiplicación de la base sobre la que se calculan esas regalías. El esquema acordado establece pisos y techos vinculados al precio de referencia del gas para exportación, lo que protege a la provincia de una eventual caída de los precios internacionales del GNL —que en el mercado spot asiático cotizaron entre 10 y 14 dólares por millón de BTU en los últimos doce meses— pero también limita el upside en escenarios de alta demanda. El gasoducto específico que contempla el proyecto para abastecer el complejo exportador tendrá además efectos multiplicadores sobre la economía regional: generación de empleo en la fase de construcción, demanda de servicios industriales en Neuquén capital y Zapala, y mayor capacidad de transporte que podría beneficiar a otros productores de la cuenca.

Lo que viene es una carrera contra el reloj en varios frentes simultáneos. YPF tiene 24 meses para notificar la decisión final de inversión, un plazo que corre desde la entrada en vigor del acuerdo provincial. Antes de eso, la Legislatura neuquina debe ratificar el convenio y el Poder Ejecutivo provincial debe emitir los decretos reglamentarios correspondientes. En paralelo, YPF negocia con socios internacionales —entre los que se mencionan compañías europeas y asiáticas con experiencia en proyectos de licuefacción— la estructura accionaria y los contratos de compraventa de largo plazo (off-take agreements) sin los cuales ningún banco de desarrollo ni fondo de infraestructura global financiará la obra. A nivel nacional, el proyecto requiere también que el Congreso o el Ejecutivo consoliden las garantías del RIGI para el sector exportador de GNL, dado que la estabilidad fiscal provincial está explícitamente condicionada a que Argentina mantenga su adhesión a ese régimen. Cualquier modificación legislativa nacional que altere el RIGI podría reabrir la negociación con Neuquén. El sector también estará atento a la evolución de los precios internacionales del GNL: si el mercado asiático se mantiene por encima de los 10 dólares por millón de BTU en el mediano plazo, la ecuación argentina cierra con mayor holgura; si cae hacia los niveles de 7 u 8 dólares que se registraron en períodos de sobreoferta, la presión sobre los esquemas de regalías y la rentabilidad del proyecto se intensificará.

Puntos clave

• El acuerdo Neuquén-YPF fija estabilidad fiscal de hasta 30 años desde la puesta en marcha de cada etapa del proyecto GNL, condicionada a la adhesión argentina al RIGI.
• YPF comprometió 175 millones de dólares en infraestructura provincial, ejecutables en obras o aportes directos, como contraprestación previa a la materialización del flujo de regalías ampliadas.
• Las cinco nuevas CENCH (Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte) son la base productora no convencional que abastecerá el complejo exportador de GNL.
• YPF tiene un plazo máximo de 24 meses para confirmar la decisión final de inversión y el financiamiento internacional; sin esa confirmación, las condiciones especiales del acuerdo no se activan.

Preguntas del sector

El mecanismo establece un precio mínimo (piso) por debajo del cual las regalías se calculan como si el gas valiera ese piso, protegiéndole ingresos a la provincia en escenarios de baja internacional; y un precio máximo (techo) por encima del cual el excedente no incrementa la base imponible de regalías, reduciendo la carga fiscal sobre el productor en escenarios de alta demanda. Ese rango busca equilibrar previsibilidad fiscal para Neuquén con competitividad de costos para YPF frente a proyectos GNL de otras geografías.

La estabilidad fiscal provincial está explícitamente condicionada a que Neuquén mantenga su adhesión al RIGI nacional. Si el Congreso o un futuro gobierno alteran ese régimen, la provincia podría renegociar las condiciones del acuerdo o declararlo caído en sus términos especiales, lo que obligaría a YPF y sus socios internacionales a renegociar también los contratos de financiamiento que dependen de esa garantía de estabilidad para estructurar su deuda de largo plazo.