Redacción
El Gobierno de Neuquén presentó ante la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Protección de Tierras Productivas, una iniciativa que busca frenar la pérdida de superficie agrícola mediante zonificación territorial, restricciones a loteos y un piso legal de protección que ninguna norma de igual o menor jerarquía podrá flexibilizar. La propuesta responde a una contracción crítica: la provincia perdió 663 hectáreas de tierra frutícola durante 2025, mientras la expansión de bases petroleras, talleres logísticos y servicios suma presión creciente sobre las chacras que constituyen el suelo más productivo de Neuquén.
La iniciativa se inserta en un escenario de transición pospetróleo donde Neuquén busca consolidar pilares alternativos de desarrollo económico. Tras dos décadas de dependencia energética, la estrategia provincial apunta a reforzar turismo, agroindustria y seguridad alimentaria como ejes de expansión. La protección de tierras irrigadas es, en este contexto, una decisión estructural: garantizar que la capacidad productiva provincial no se disuelva ante presiones especulativas o demandas de reconversión de uso de suelo vinculadas al crecimiento petrolero e inmobiliario. El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeau, subrayó que la ley busca ofrecer garantías sobre «lo que viene después de Vaca Muerta», posicionando la producción como eje estratégico de mediano y largo plazo.
Los números documentan la urgencia del proyecto. Entre 2010 y 2020, la población neuquina creció de 471.409 a 540.909 habitantes (incremento del 15%), pero la huella urbana se expandió un 45%, pasando de 12.460 a 18.083 hectáreas. Esta desproporción refleja expansión dispersa que consume más suelo por habitante. Simultáneamente, la provincia registra pérdidas en superficie agrícola activa: 663 hectáreas menos de tierra frutícola en 2025 respecto al ciclo anterior, fragmentación derivada tanto de presión inmobiliaria como de reconversión productiva hacia usos industrial-logísticos. El proyecto declara de interés público provincial la protección de tierras bajo riego, aplicable tanto a predios públicos como privados, independientemente de estén o no en producción actual.
Para Vaca Muerta y la economía neuquina, la ley representa un cambio de matriz de decisiones territoriales. El esquema de zonificación divide el suelo productivo en dos categorías: Zona de Protección Prioritaria (ZP1) con producción agropecuaria estricta, y Zona de Uso Condicionado (ZP2) que permite ciertos usos sujetos a evaluación y criterios de sustentabilidad. Ambas prohíben loteos sin autorización y restringen cambios de destino hacia residencial, industrial o turístico, salvo viviendas familiares o proyectos de interés público con dictámenes técnicos y ambientales. La infraestructura hídrica (canales, acequias, compuertas, drenes) adquiere carácter intangible: toda acción que la altere requiere compensaciones equivalentes, incluso en obras públicas. Para Neuquén, esto implica que futuras expansiones de bases petroleras o complejos logísticos deberán demostrar compatibilidad con sistemas de riego sin afectar su funcionalidad, elevando costos de transacción de proyectos extractivos y reforzando la competencia territorial entre hidrocarburos y agricultura.
La Secretaría de Producción e Industria será autoridad de aplicación, con poder de policía y coordinación con Catastro y Recursos Hídricos para confeccionar cartografía vinculante de áreas bajo riego. El proyecto contempla inspecciones mediante monitoreo remoto y controles presenciales, sanciones graduadas por gravedad de infracción, y creación del Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, financiado con multas, presupuesto provincial y posibles aportes nacionales e internacionales. Las líneas de acción contemplan rehabilitación de drenajes críticos, modernización de sistemas de medición y telemetría, tecnificación del riego y protección frente a salinización. Un Consejo Provincial consultivo coordinará políticas entre organismos públicos. La ley rige a los 30 días de su publicación en Boletín Oficial, con 180 días para reglamentación técnica. Esta agenda de implementación será crítica para determinar si la protección opera como barrera efectiva o como regulación de baja aplicación.
El proyecto permite excepciones de «interés público debidamente fundamentado» con dictámenes técnicos y ambientales. La interpretación de esta cláusula será decisiva: si integra proyectos energéticos como interés público automático, la protección será nominal; si requiere compatibilidad demostrativa con sistemas hídricos y compensaciones territoriales efectivas, elevará costos y canalizará inversión hacia áreas ya degradadas o infraestructura logística concentrada.
¿Qué mecanismo de fiscalización evitará que multas gradualmente indexadas terminen legalizando cambios de uso mediante pago?El proyecto prioriza «recomposición del daño por sobre multa económica» y contempla sanciones incrementadas por reincidencia. La efectividad dependerá de capacidad técnica de la Secretaría de Producción y coordinación real con Catastro para cartografía vinculante. Sin auditoría fiscal independiente y presupuesto dedicado a inspecciones presenciales, el monitoreo remoto puede devenir en herramienta declarativa desconectada de enforcement real.
