Figueroa impulsa expansión del gas patagónico con prioridad en distribución local

El gobernador Rolando Figueroa marcó este viernes una estrategia provincial clara: antes de exportar gas licuado al mundo, garantizar el acceso energético a todos los rincones de Neuquén y Río Negro. La declaración se produjo durante el acto de inauguración de nuevas conexiones de gas natural en Bariloche, donde los mandatarios de Neuquén, Río Negro y Chubut anunciaron la recuperación operativa del Sistema Cordillerano Patagónico tras meses de trabajo coordinado entre las tres jurisdicciones.

La iniciativa representa un giro en la priorización energética provincial que refleja los desafíos internos del país. Argentina posee las segundas reservas de gas natural no convencional del mundo en Vaca Muerta, y aunque la estrategia nacional busca convertirse en exportador de GNL hacia 2026-2027, las provincias productoras enfrentan déficits de cobertura doméstica. En Neuquén, aproximadamente el 60% de la población urbana tiene acceso a gas de red, mientras que en zonas rurales y localidades cordilleranas la penetración desciende al 20%. Este escenario obligó a las provincias a priorizar inversión interna sobre exportación.

La repotenciación del Gasoducto Cordillerano, paralizado por el gobierno nacional en 2023, fue financiada conjuntamente por el Banco Provincia del Neuquén y el Banco del Chubut con fondos provinciales. El proyecto beneficiará a más de 12.000 familias en localidades como Villa La Angostura, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Bariloche. La obra incluyó la rehabilitación de plantas compresoras en Rosario de Pehuenia —que operaban con eficiencia del 40%— y la interconexión del gasoducto San Martín con el Cordillerano, ampliando la capacidad de transporte en 15 millones de metros cúbicos diarios. El costo total de la inversión fue de aproximadamente 2.800 millones de pesos, ejecutado entre 2024 y 2026 por las provincias sin participación del Estado nacional.

Para Vaca Muerta y la economía neuquina, esta decisión tiene implicaciones claras: el Estado provincial se posiciona como gestor de la infraestructura energética que el gobierno federal no pudo sostener. La zona cordillerana, aunque representa menos del 5% del PIB neuquino, es crucial para el turismo (sector que genera 8% del empleo provincial) y para consolidar presencia territorial. Figueroa destaca que llevar gas a estos puntos remotos dignifica las comunidades y sienta bases para atraer inversión en turismo de naturaleza y servicios. La ampliación también reduce costos de distribución en términos de distancia y presión, mejorando la eficiencia operacional de Camuzzi en la región, que atiende a 420.000 clientes en Neuquén.

El próximo desafío, según los gobernadores, será conectar desde Alicurá hasta Villa La Angostura, cerrando un corredor de 200 kilómetros sin gas de red. Figueroa proyecta continuar con inversión provincial si el gobierno nacional mantiene su retracción. Este esquema de coordinación interprovincial (Neuquén, Río Negro, Chubut) sin protagonismo federal anticipa un modelo de gobernanza energética descentralizada que podría replicarse en otros proyectos. Sin embargo, también expone la vulnerabilidad fiscal: el financiamiento de estas obras depende de bancos provinciales con limitada capacidad de endeudamiento, restricción que podría frenar expansiones futuras si los ingresos fiscales por regalías de petróleo y gas (que representan el 22% del presupuesto neuquino) se contraen por caída de precios internacionales.

A nivel regional, esta iniciativa refuerza el rol de Neuquén como eje de decisiones energéticas en la Patagonia, más allá de Vaca Muerta. La colaboración tri-provincial sienta precedentes para futuras coordinaciones en logística, infraestructura ferroviaria y puerto de aguas profundas, todas condiciones necesarias para consolidar la cadena de valor del GNL exportable. Pero el mensaje implícito es que mientras ese modelo se desarrolle, el territorio doméstico requiere atención urgente: servicios básicos como gas, agua y electricidad siguen siendo responsabilidad política inmediata de los gobiernos locales.