RedacciónEl gobierno brasileño remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley PL 1625/2026, que tipifica como delito penal el incremento injustificado de precios de combustibles con fines especulativos. La iniciativa, enviada con carácter de urgencia a la Cámara de Diputados, establece penas de entre dos y cinco años de prisión más multas para quienes eleven los precios "sin causa justificada" y con el propósito de obtener un "aumento arbitrario de ganancias". La pena puede incrementarse hasta en un 50% cuando el infractor detente posición dominante en el mercado, o cuando la conducta ocurra en contextos de calamidad pública o crisis de abastecimiento.
La propuesta se inscribe en un paquete de medidas más amplio anunciado por el Ejecutivo federal el 6 de abril, diseñado para contener el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el mercado interno de combustibles. El contexto geopolítico —en particular la guerra que involucra a Irán— generó presión alcista sobre el precio internacional del petróleo, lo que derivó en una respuesta regulatoria de carácter urgente por parte del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil, con una estructura de mercado de hidrocarburos dominada por Petrobras, enfrenta de manera recurrente tensiones entre la política de precios de la estatal y el impacto en el consumidor final.
El proyecto fue acompañado de una justificación firmada por el ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, quien explicó que el texto busca combinar un "criterio objetivo de evaluación económica" con un "elemento subjetivo orientado a identificar conductas especulativas y predatorias". El texto aclara que los ajustes de precios sustentados en factores económicos legítimos —como variaciones en los costos de producción— no serán alcanzados por la figura penal. En paralelo, el gobierno aguarda la publicación de una medida provisional con un programa de subsidio al diésel importado compartido con los estados, la ampliación del subsidio al combustible de Petrobras, y dos decretos para desgravar el queroseno de aviación (QAV) y el gas licuado de petróleo (GLP). El costo fiscal total del paquete supera los 40.000 millones de reales.
La criminalización de prácticas de fijación abusiva de precios en el sector energético representa un cambio cualitativo en la política regulatoria brasileña, con implicancias directas para Petrobras —que por su participación de mercado queda comprendida en la categoría de agente dominante— y para distribuidoras y comercializadoras. La norma introduce un riesgo legal significativo para las decisiones de pricing corporativo en el sector y podría afectar la autonomía de gestión de la compañía estatal, cuya política de precios ha sido históricamente un punto de tensión con el gobierno federal. A nivel regulatorio, el proyecto sienta un precedente regional relevante en materia de intervención penal sobre mercados energéticos estratégicos, en un momento en que varios países de América Latina debaten los límites entre regulación de precios y libertad de mercado.
