Redacción
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el pasado 7 de abril, con 381 votos a favor y solo 2 en contra, el proyecto de ley complementaria PLP 109/2025, que habilita a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) a acceder a información contenida en facturas electrónicas de las empresas que opera bajo su regulación. La iniciativa avanza ahora hacia el Senado para su tratamiento definitivo.
El proyecto forma parte de un paquete legislativo diseñado en respuesta a la Operación Carbono Oculto, una investigación que expuso esquemas de desvío de combustibles y fraude fiscal en el mercado brasileño. Aunque el impulso legislativo se concentró en el tramo final de 2025, la votación quedó pendiente para este año. El texto aprobado reproduce el contenido de un sustitutivo elaborado en diciembre en el marco de un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, la Receita Federal y la propia ANP, lo que le otorga respaldo interinstitucional previo.
La norma garantiza a la ANP el acceso a Notas Fiscales Electrónicas (NF-e), Notas Fiscales al Consumidor Electrónicas (NFC-e) y Conocimientos de Transporte Electrónicos (CT-e), documentos que registran el movimiento comercial y logístico de cargas de combustible. El proyecto establece un plazo de 180 días para completar la regulación, convenios y acuerdos operativos necesarios para instrumentar el intercambio de datos. Además, las habilitaciones otorgadas por la ANP quedan condicionadas a que las empresas autoricen expresamente dicho acceso, bajo pena de pérdida de vigencia de sus autorizaciones. Toda la información compartida mantiene carácter reservado conforme al artículo 198 del Código Tributario Nacional. En paralelo, 21 estados ya adhirieron a un acuerdo similar en el ámbito del Consejo Nacional de Política Hacendaria (Confaz), aunque seis —entre ellos San Pablo, Paraná y Santa Catarina— lo rechazaron y el mecanismo aún no entró en vigor.
El impacto regulatorio de esta legislación es significativo: amplía la capacidad de fiscalización de la ANP más allá de los controles técnicos tradicionales, incorporando trazabilidad fiscal como herramienta de control del mercado de combustibles. Al obligar a la agencia a notificar a la Receita Federal y a las haciendas provinciales cuando inicie un proceso sancionatorio con posibles implicancias tributarias, se abre un canal de colaboración interinstitucional que hasta ahora era informal o inexistente. Esto resulta clave en un sector donde el fraude —como el uso ilegal de metanol o el desvío de cargas— opera en la intersección entre la regulación energética y la evasión impositiva. La aprobación en el Senado definiría si Brasil consolida un modelo de supervisión integrada que podría servir de referencia para otros países de la región con mercados de combustibles igualmente expuestos al fraude sistémico.
