Neuquén aumentó hasta 250% los aportes para personas mayores y con discapacidad

El gobierno de Neuquén actualizó los montos de sus programas de acompañamiento social con incrementos de hasta el 250% para beneficiarios de los programas destinados a personas mayores y personas con discapacidad. La medida, que abarca a cerca del 70% de los participantes del programa de Atención Integral a Personas con Discapacidad y a más del 50% de los incluidos en el programa para personas mayores, apunta a estandarizar los criterios de acceso y eliminar la discrecionalidad histórica en la asignación de aportes. En términos de masa fiscal, el programa de discapacidad supera los 193 millones de pesos mensuales, mientras que el de personas mayores alcanza los 258 millones de pesos, lo que suma una inversión social provincial de más de 451 millones de pesos mensuales.

La medida se inscribe en un contexto de reordenamiento del gasto social provincial que Neuquén viene ejecutando de manera paralela a su bonanza fiscal derivada de las regalías hidrocarburíferas. La provincia, que recibe ingresos por regalías superiores a los 200.000 millones de pesos anuales en concepto de regalías de petróleo y gas —con Vaca Muerta como motor principal—, enfrenta presión creciente para traducir esa riqueza extractiva en bienestar territorial concreto. Los programas de asistencia social cobran especial relevancia en el interior provincial, donde las localidades alejadas del corredor del Comahue concentran población vulnerable con escaso acceso a empleo formal en el sector hidrocarburífero.

El aumento de hasta el 250% resulta significativo si se lo compara con la inflación acumulada en los últimos 24 meses, que en Argentina superó el 280% entre enero de 2024 y mayo de 2026, según datos del INDEC. Esto implica que, en el mejor de los casos, los incrementos aplicados apenas empatan con la erosión del poder adquisitivo registrada en el período, aunque la estandarización de criterios representa un avance institucional concreto: elimina la brecha entre beneficiarios que, con iguales condiciones de vulnerabilidad, percibían montos distintos según el municipio o el referente territorial que gestionaba el acompañamiento. El ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, a cargo de Lucas Castelli, condujo el proceso de revisión de los padrones y la homologación de escalas. Neuquén cuenta con una población de aproximadamente 670.000 habitantes, de los cuales se estima que entre 12.000 y 15.000 personas están vinculadas a programas de discapacidad a nivel provincial, mientras que el segmento de personas mayores en situación de vulnerabilidad representa otro universo relevante en localidades como Zapala, Chos Malal, Junín de los Andes y Las Lajas.

El impacto de esta política tiene una dimensión que trasciende lo social estrictamente: en provincias con economías duales como Neuquén —donde coexiste un sector hidrocarburífero de alta productividad con una economía de subsistencia en amplias zonas— la capacidad del Estado provincial de sostener transferencias directas a la población vulnerable actúa como estabilizador del consumo local. Cada peso volcado en los programas de personas mayores y discapacidad circula en comercios, farmacias y servicios de las localidades receptoras, dinamizando economías que de otro modo quedarían marginadas del derrame del boom energético de Vaca Muerta. Neuquén registró en 2025 una producción de petróleo no convencional de aproximadamente 500.000 barriles diarios y de gas no convencional superior a los 120 millones de metros cúbicos diarios, pero la distribución territorial de ese ingreso fiscal sigue siendo un desafío estructural para la gestión provincial.

El paso siguiente que deberá seguir el gobierno provincial es sostener la actualización de estos programas con una periodicidad previsible, idealmente indexada a alguna variable de precios o al índice de movilidad previsional nacional, para evitar que los incrementos anunciados se licúen en los próximos trimestres. También está pendiente la discusión sobre la ampliación de la cobertura: si el 70% de los beneficiarios de discapacidad recibieron aumentos, hay un 30% cuya situación no fue modificada, lo que sugiere que persisten heterogeneidades que la estandarización aún no resolvió por completo. En paralelo, la provincia avanza en la descentralización de políticas sociales con una inversión anual declarada de 2.400 millones de pesos, en un esquema que busca acercar la gestión a los municipios. El desafío de mediano plazo será articular esta política social con la agenda de empleo local vinculada al crecimiento del sector energético, para que la asistencia no sea el único vínculo entre el Estado y los sectores más vulnerables del interior neuquino.

Puntos clave

• Los incrementos alcanzan hasta el 250%, aunque en términos reales apenas compensan la inflación acumulada en los últimos dos años en Argentina, que superó el 280% entre 2024 y 2026.
• La inversión social combinada de ambos programas supera los 451 millones de pesos mensuales, con 258 millones destinados a personas mayores y 193 millones a personas con discapacidad.
• La estandarización de criterios elimina disparidades históricas entre beneficiarios con similares condiciones de vulnerabilidad que percibían montos distintos según su localidad de residencia.
• Un 30% de los beneficiarios del programa de discapacidad no recibió actualizaciones, lo que indica que persisten heterogeneidades no resueltas en el padrón provincial.

Preguntas del sector

Neuquén financia sus programas sociales principalmente con recursos propios derivados de regalías hidrocarburíferas y coparticipación federal. El incremento de hasta el 250% en los aportes implica un mayor esfuerzo presupuestario, aunque la magnitud absoluta —451 millones de pesos mensuales— representa una fracción menor del presupuesto provincial total, que en 2025 superó el billón de pesos anuales. La sostenibilidad depende de que los ingresos por regalías mantengan el nivel actual, vinculado directamente al ritmo de producción de Vaca Muerta y al precio internacional del crudo.

Hasta el momento, la actualización no está atada a ningún índice automático, lo que implica que depende de decisiones discrecionales del Ejecutivo provincial. La ausencia de un mecanismo de movilidad indexada es el principal riesgo de erosión de los incrementos anunciados. Un esquema vinculado al índice de precios al consumidor del INDEC o a la movilidad jubilatoria nacional daría previsibilidad tanto a los beneficiarios como a la planificación presupuestaria provincial.