Figueroa firmó el decreto de recategorización del personal del IPVU y ADUS

La medida tiene efecto retroactivo al 1 de octubre de 2025 e incluye compensaciones por carrera administrativa.
Política y Regulación22/04/2026RedacciónRedacción

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, suscribió este miércoles el decreto que establece la recategorización del personal del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). La norma otorga vigencia retroactiva al 1° de octubre de 2025 y contempla el pago de compensaciones vinculadas al reconocimiento de la carrera administrativa de los trabajadores de ambos organismos.

La medida da fuerza legal a un acta paritaria suscripta en diciembre del año pasado, que habilitó modificaciones en los niveles de categoría y en el agrupamiento del personal. El proceso se encuadra en el Convenio Colectivo de Trabajo establecido por la Ley provincial 3549, que regula el desarrollo de la carrera administrativa en el sector público neuquino. Previamente, una comisión ad hoc conformada dentro del organismo realizó un relevamiento integral de la planta de empleados como insumo para definir los cambios.

Las nuevas categorías quedan determinadas en los anexos que integran el decreto, mientras que las compensaciones por carrera administrativa se ajustan a lo estipulado en el artículo 99 del convenio colectivo. Adicionalmente, la norma instruye al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) para que analice el impacto de las nuevas categorías sobre los haberes jubilatorios del personal afectado, lo que amplía el alcance de la medida más allá de la nómina activa.

La recategorización responde a una demanda gremial sostenida en el tiempo y consolida el cumplimiento del compromiso asumido en el marco paritario. Desde el punto de vista institucional, el decreto busca regularizar situaciones escalafonarias que no habían sido actualizadas, generando condiciones de mayor estabilidad para los trabajadores del sector de vivienda y desarrollo urbano provincial. La retroactividad establecida implica un impacto presupuestario directo que el Ejecutivo deberá reflejar en la ejecución del gasto de personal del corriente ejercicio.

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