Brasil: el gobierno Lula destina más de R$ 40.000 millones para contener el alza de combustibles

El gobierno federal de Brasil amplió su respuesta a la escalada de precios internacionales de los combustibles con un segundo paquete de medidas valuado en más de R$ 10.000 millones en subsidios y desgravaciones fiscales. Las nuevas disposiciones —dos decretos, una Medida Provisoria y un Proyecto de Ley— apuntan específicamente al diésel, el gas licuado de petróleo (GLP) y el queroseno de aviación (QAV). Sumado al primer paquete anunciado en marzo, el esfuerzo fiscal total del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya supera los R$ 40.000 millones.

La intervención se enmarca en un contexto de tensión sostenida en los mercados energéticos globales. El conflicto en Oriente Medio ha mantenido el precio del Brent en niveles elevados: los contratos futuros cerraron el lunes 7 de abril con una suba de 0,68%, a US$ 109,77 el barril, impulsados por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán y la reducida expectativa de un cese al fuego. En ese escenario, Brasil —con una economía altamente dependiente del diésel en su matriz logística y del GLP para uso residencial— enfrenta una presión directa sobre la inflación y los costos de transporte. El primer paquete, instrumentado mediante la MP 1340/2026 del 12 de marzo, ya había establecido una subvención de R$ 0,32 por litro de diésel y la eliminación del PIS/Cofins sobre ese derivado.

Las nuevas medidas amplían la subvención al diésel nacional en R$ 0,80 adicionales por litro —más allá de los R$ 0,32 ya vigentes—, a un costo de R$ 6.000 millones por dos meses, prorrogables. Para el diésel importado, se agrega una subvención de R$ 1,17 por litro —equivalente al ICMS estadual—, con un costo de R$ 4.000 millones a dividirse entre la Nación y los estados. Esto lleva la subvención total al diésel importado a R$ 1,49 y al diésel nacional a R$ 1,44 por litro. En paralelo, se crea una subvención federal a la importación de GLP por R$ 330 millones y se eximen de tributos federales el QAV y el biodiesel. El sector aéreo recibirá además líneas de crédito de hasta R$ 9.000 millones para reestructuración financiera y capital de trabajo. El ministro de Hacienda, Dário Durigan, confirmó que el financiamiento de la parte nacional provendrá de la renta petrolera, incluyendo la alícuota del 12% aplicada desde marzo a las exportaciones de crudo y los ingresos por regalías y contratos de reparto en el presal. El impacto de la desgravación compartida con los estados se compensará con un aumento del IPI sobre cigarrillos.

Las medidas tienen implicancias regulatorias y sectoriales de magnitud. En el plano institucional, el paquete refuerza las facultades de fiscalización de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), que ahora podrá no solo multar sino también clausurar establecimientos que cobren precios abusivos en casos de flagrante gravedad. En Petrobras, el directorio removió el lunes al director ejecutivo de Logística, Comercialización y Mercados, Claudio Schlosser, quien supervisaba los polémicos licitaciones de diésel, gasolina y GLP cuestionados por el gobierno. En paralelo, la ANP publicó el nuevo pliego del 4.° ciclo de oferta permanente de partilha, con 23 bloques exploratorios, mientras la ANP también tiene en agenda la revisión del proceso de caducidad de la concesión de Enel São Paulo. En el segmento de gas renovable, la distribuidora Supergasbras concretó la primera importación de biogás licuado (BioGLP) en Brasil: una carga de 1.700 toneladas proveniente de Europa ingresó por el puerto de Tergasul, en Rio Grande do Sul, señalando el inicio de una nueva etapa en la diversificación energética del país.