Distribuidoras y revendedores de GLP presionan al gobierno brasileño por ajuste de precios en el programa Gás do Povo

El sector de gas licuado de petróleo (GLP) de Brasil entró en tensión directa con el gobierno federal tras el leilão realizado por Petrobras el 31 de marzo, en el que la estatal colocó 70.000 toneladas del combustible a precios que llegaron a duplicar los valores de referencia oficiales, denominados "precios en línea". La operación agravó el desajuste entre los costos reales de adquisición del GLP y la tabla de referencia del programa Gás do Povo, que garantiza la recarga gratuita de garrafas de 13 kg a familias con ingresos per cápita de hasta medio salario mínimo. Distribuidoras y revendedores exigen al Ministerio de Minas y Energía (MME) una corrección urgente de esos valores, bajo amenaza de abandonar el esquema de credenciamiento.

El Gás do Povo reemplazó al Vale-Gás heredado del gobierno de Jair Bolsonaro y comenzó su implementación en noviembre de 2024. En los últimos días amplió su cobertura hasta alcanzar 15 millones de familias beneficiarias. Sin embargo, el mecanismo de reembolso a las revendas —calculado precisamente sobre el precio de referencia oficial— quedó desactualizado frente a la dinámica del mercado mayorista. La estrategia de Petrobras de vender volúmenes adicionales por encima de los precios regulados, ya aplicada previamente en el segmento de diésel, se trasladó ahora al GLP con consecuencias directas sobre la viabilidad del programa social.

La Associação Brasileira das Entidades de Classe das Revendas de Gás (Abragás) y el Sindigás —que agrupa a las distribuidoras— advirtieron que los valores de referencia ya eran insuficientes antes del leilão, y que la brecha se profundizará si no hay una actualización inmediata. "Si el gobierno no adopta medidas urgentes para contener el descontento de las revendas, el programa corre riesgo de una desbandada de los credenciados", afirmó el presidente de Abragás, José Luiz Rocha. En paralelo, el leilão derivó en consecuencias internas en Petrobras: la presidenta Magda Chambriard apartó al gerente del área de Comercialización. El MME reconoció públicamente que estudia acciones para mitigar el impacto de la suba del precio del crudo, señalando al GLP como uno de los "mercados más sensibles".

El episodio expone una contradicción estructural en la política energética brasileña: el gobierno sostiene un programa de subsidio al gas de cocina cuya viabilidad depende de precios de referencia que la propia estatal supera en el mercado mayorista. Si el MME no actualiza la tabla de manera consistente con los valores reales de adquisición, el riesgo de deserción masiva de revendores credenciados podría comprometer la continuidad del Gás do Povo justo cuando alcanza su mayor cobertura histórica. La resolución de este conflicto marcará un precedente clave sobre la coordinación entre la política de subsidios sociales y la estrategia comercial de Petrobras en combustibles sensibles.