La regla de distancia mínima en Brasil amenaza con cancelar la mitad de los proyectos eólicos offshore del Nordeste

El Consejo Nacional de Política Energética de Brasil (CNPE) aprobó una directriz que establece una distancia mínima de 12 millas náuticas —equivalente a aproximadamente 22 kilómetros— entre la costa y los parques eólicos offshore. La medida, impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente con el argumento de proteger el paisaje, el turismo y otras actividades marítimas, fue bien recibida como señal de avance institucional en la regulación del sector, pero generó inmediata controversia técnica y económica. Según evaluaciones preliminares de actores del mercado, casi la mitad de los proyectos más competitivos de la región Nordeste podrían volverse inviables bajo este criterio.

Brasil acumula 59 proyectos con solicitudes de licenciamiento ambiental ante el Ibama, con una capacidad agregada superior a los 134 GW. De ese total, 32 proyectos se concentran en el Nordeste —con 62,2 GW—, 18 en el Sur (53 GW) y 9 en el Sudeste (19 GW). El avance regulatorio era esperado desde hacía meses por el sector privado, que lleva años reclamando un marco jurídico claro para las inversiones en energía eólica marina. Sin embargo, el parámetro de distancia aprobado no contaba con antecedente técnico consolidado en el contexto geográfico brasileño, lo que derivó en cuestionamientos desde el inicio.

El nudo del problema radica en la batimetría del litoral nordestino: en gran parte de esa costa, la profundidad aumenta de forma pronunciada a partir de los 10 kilómetros, lo que impide el uso de fundaciones fijas del tipo monopile —más económicas y de tecnología madura— y obliga a migrar hacia estructuras flotantes, de mayor costo de capital (Capex) y operativo (Opex). La firma Shizen, que tiene seis proyectos en trámite ante el Ibama —dos en Ceará y cuatro en Río Grande del Sur—, confirmó que al menos tres de sus emprendimientos quedarían directamente afectados. Su responsable de nuevos negocios en Brasil, Edisiene Correia, señaló que a partir de 15 km la curvatura terrestre ya impide la visibilidad de las torres, lo que relativiza el argumento estético. Por su parte, la abogada Juliana Melcop, socia del estudio Veirano Advogados, advirtió que el criterio parece importado del sistema jurídico estadounidense, donde las 12 millas delimitan competencias entre estados y gobierno federal —una distinción sin equivalente en Brasil, donde todo el mar es jurisdicción de la Unión.

El impacto regulatorio y económico podría ser asimétrico por región: el Sudeste quedaría prácticamente al margen de las restricciones, el Sur tendría margen para reubicar algunos proyectos, y el Nordeste —especialmente Río Grande del Norte y Piauí, dada su topografía submarina— concentraría las pérdidas. El Ministerio de Minas y Energía dejó abierta la posibilidad de revisar los parámetros en función de estudios técnicos futuros y de los avances en el Plan de Ordenamiento Espacial Marino, instrumento que aún está en proceso de elaboración. Esa ventana de revisión es vista como la principal palanca para corregir el criterio antes de que avance la regulación definitiva, aunque la ausencia de un cronograma claro para las cesiones de áreas de estudio suma incertidumbre al calendario de inversiones del sector.