Redacción
El gobernador Rolando Figueroa remitió este miércoles a la Legislatura neuquina un proyecto de ley para autorizar un crédito de hasta 250 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a financiar el Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la Provincia del Neuquén. La operación, que contempla un plazo de hasta 15 años y un período de gracia de hasta 66 meses para el pago de capital, representa uno de los mayores financiamientos externos para infraestructura vial que haya gestionado Neuquén en su historia reciente. El eje central del programa es la pavimentación y el mejoramiento de corredores estratégicos en el Alto Neuquén, con foco en la consolidación del Paso Internacional Pichachén como corredor binacional con la Región del Biobío chilena.
El anuncio se produce en un momento en que la agenda energética neuquina gana centralidad en la relación bilateral con Chile. Neuquén es hoy el corazón productivo de la energía argentina: la provincia concentra más del 50% de la producción nacional de gas y alberga Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta en petróleo. En ese contexto, la conectividad vial hacia Chile no es un tema exclusivamente turístico o logístico: es una pieza de infraestructura con implicancias directas sobre la viabilidad de exportaciones energéticas y el desarrollo de cadenas productivas regionales. La reunión celebrada este miércoles entre representantes provinciales, nacionales y de la Región del Biobío, donde se firmaron dos declaraciones conjuntas, dejó en evidencia que la integración energética ocupa un lugar central en la agenda binacional.
El programa contempla obras en aproximadamente 165 kilómetros de rutas provinciales. El corredor más estratégico es el que une Andacollo con el Paso Internacional Pichachén a través de las rutas provinciales 38, 57 y 6. Se suman intervenciones en la RP 43 entre Varvarco y Las Ovejas, la futura pavimentación de la RP 54 entre Manzano Amargo y Varvarco, y tramos de la RP 21 que conecta Loncopué, El Huecú y El Cholar —el denominado Corredor Norte, articulado con la Ruta del Pehuén. Para financiar la operación, la provincia podrá afectar como garantía recursos de la coparticipación federal de impuestos, mecanismo habitual en operaciones con organismos multilaterales. La CAF, banco de desarrollo de América Latina, opera en Argentina con una cartera activa que supera los 4.000 millones de dólares, y ha financiado proyectos de infraestructura vial en varias provincias. En Neuquén, este crédito sería el de mayor monto en infraestructura de transporte de la gestión Figueroa.
El impacto sobre Vaca Muerta y la economía provincial puede leerse en dos dimensiones. La primera es logística: la mejora de los corredores del Alto Neuquén facilita el acceso de equipos y personal a zonas productivas del norte provincial que hoy tienen costos de transporte elevados por el mal estado de las rutas. La segunda, y más relevante en el mediano plazo, es energética: el Paso Pichachén conecta Neuquén con la Región del Biobío, que cuenta con infraestructura portuaria sobre el Pacífico. En la reunión bilateral de este miércoles se destacó explícitamente el potencial de Vaca Muerta para aportar seguridad energética a Chile y su vinculación con los complejos portuarios chilenos. Argentina exportó en 2024 gas natural a Chile por el sistema de gasoductos del sur, pero la capacidad de transporte sigue siendo un cuello de botella. Un corredor vial mejorado también facilita el tendido de infraestructura energética —gasoductos, líneas de alta tensión— en zonas donde la topografía y el estado de los caminos encarecen las obras.
Lo que viene exige atención en varios frentes. En el orden legislativo, el proyecto debe obtener aprobación en la Legislatura neuquina, donde el oficialismo cuenta con respaldo pero deberá argumentar el nivel de endeudamiento frente a la oposición, que monitoreará el impacto sobre la deuda provincial. En el plano bilateral, las declaraciones conjuntas firmadas con la Región del Biobío deben traducirse en compromisos operativos concretos: cronogramas de obras en el lado chileno del paso, habilitación de controles integrados y acuerdos fitosanitarios que agilicen el tránsito de cargas. En el plano energético, la pregunta de fondo es si este corredor vial se articula con una estrategia más amplia de exportación de gas licuado o de electricidad hacia el Pacífico. Argentina negocia desde hace años un acuerdo de largo plazo para suministro de gas a Chile; la infraestructura vial no resuelve ese debate, pero condiciona la velocidad a la que se puede construir la infraestructura energética asociada. Las elecciones presidenciales chilenas de fines de 2025 y la nueva composición del gobierno en Santiago serán otro factor a monitorear para evaluar la profundidad real de esta agenda binacional.
Actualmente el Paso Pichachén opera con limitaciones severas: el tramo argentino tiene más de 100 km sin pavimentar y solo es transitable en condiciones favorables. El tránsito anual de camiones es marginal comparado con pasos como Cardenal Samoré o el Cristo Redentor. Con la pavimentación completa del corredor, las estimaciones de organismos de planificación vial estiman que el volumen de cargas podría multiplicarse entre tres y cinco veces en los primeros cinco años de operación plena, dependiendo de los acuerdos aduaneros y fitosanitarios que se implementen en paralelo.
¿Cómo se articula este corredor vial con los proyectos de exportación de gas desde Vaca Muerta hacia el Pacífico?El gasoducto Néstor Kirchner amplió la capacidad de transporte desde Vaca Muerta hacia el norte y el sur del país, pero la salida hacia el Pacífico requiere infraestructura propia en el corredor trasandino. Una ruta pavimentada reduce costos y tiempos para el tendido de gasoductos y líneas de alta tensión en zonas de montaña. Sin embargo, cualquier proyecto de exportación de gas licuado que utilice puertos chilenos requeriría acuerdos bilaterales específicos, inversiones en plantas de licuefacción y terminales de regasificación en Chile, un proceso que insume entre cinco y ocho años desde la decisión de inversión.
