Redacción
El Ministerio de Petróleo de Venezuela solicitó la suspensión de los acuerdos energéticos vigentes con Trinidad y Tobago, incluyendo el desarrollo conjunto del campo gasífero Dragon, tras un giro diplomático en la relación bilateral y la intervención de Washington. La decisión se produce luego de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. concediera una licencia al gobierno trinitario para avanzar en la explotación del bloque, sin la participación directa de PDVSA, lo que Caracas interpreta como una violación de su soberanía energética.
El proyecto Dragon, ubicado en la costa noreste de Venezuela, había sido concebido como una vía para monetizar reservas offshore a través de gasoductos hacia Trinidad, donde existen plantas de licuefacción con capacidad ociosa. Sin embargo, el nuevo marco político y regulatorio generado por la Casa Blanca, que promueve acuerdos energéticos en el Caribe al margen del gobierno de Nicolás Maduro, llevó a Caracas a considerar inviable la continuidad de los pactos.
Desde el punto de vista geopolítico, la ruptura reconfigura el equilibrio energético del Caribe, debilitando la integración gasífera regional y afectando potencialmente las perspectivas de exportación de GNL desde Trinidad hacia mercados en Europa y América del Norte. Shell y la National Gas Company of Trinidad and Tobago, socios técnicos del proyecto, podrían enfrentar ahora demoras y renegociaciones que comprometan el cronograma previsto.
La decisión también tiene implicancias para otros países y empresas que buscaban una reactivación gradual de inversiones en Venezuela bajo esquemas con licencias especiales. La suspensión unilateral de acuerdos por razones políticas confirma el alto nivel de riesgo institucional en el país, lo que podría enfriar aún más el apetito inversor en un contexto internacional donde el acceso a fuentes no convencionales de gas gana relevancia estratégica.
