Redacción
Neuquén contribuye con un superávit anual de 10.000 millones de dólares a la Argentina, pero apenas retiene el 13 por ciento de los ingresos generados por cada barril de petróleo exportado. El gobernador Rolando Figueroa expuso esta cifra durante la apertura de la segunda Jornada Comex Norpatagónica, marcando un reclamo implícito sobre la distribución fiscal que prevalece en el régimen de coparticipación federal y regalías hidrocarburíferas.
La declaración de Figueroa anticipa una creciente tensión sobre cómo se reparten los beneficios de Vaca Muerta en un contexto donde Argentina necesita divisas para sostener su programa económico. El gobernador utilizó un ejemplo concreto: si un barril de petróleo se exporta a 100 dólares, Neuquén retiene 13 dólares, mientras que la Nación se lleva 17 y el resto de las provincias obtienen 10 mediante el régimen de coparticipación. Los costos operativos (fijos y variables) representan aproximadamente el 30 por ciento del valor bruto, y las utilidades empresariales otro 30 por ciento.
Este esquema de distribución ha permanecido prácticamente sin cambios sustanciales desde la década de 1990, cuando se definió la estructura de regalías petroleras en Neuquén. Actualmente, la producción de Vaca Muerta ha transformado a Neuquén en la cuarta provincia exportadora del país, con una contribución que supera el 5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional pese a representar apenas el 1,5 por ciento de la población argentina. En 2025, la provincia ya exportaba combustibles por aproximadamente 14.000 millones de dólares, y esa cifra continúa en expansión en 2026 con la rampa productiva de Vaca Muerta operando a mayor escala.
El impacto en Vaca Muerta es directo: Figueroa argumentó que lo que la provincia recibe (13 por ciento) se destina completamente a infraestructura, servicios públicos y mejora de la calidad de vida, mientras que el aporte neto a las arcas provinciales es negativo si se consideran los costos ambientales, de mantenimiento de ruta 9 y servicios básicos demandados por la industria. La expansión actual requiere inversiones en educación técnica, vivienda, energía eléctrica y cobertura sanitaria en zonas de producción como Añelo y las Lomas de Latigo, donde la población ha crecido exponencialmente. Figueroa también mencionó la iniciativa de una planta de separación de gases en Cutral Co-Plaza Huincul, que agregaría valor agregado pero también demandaría servicios públicos e infraestructura. La competitividad de Vaca Muerta depende, según el gobernador, de que todos los eslabones de la cadena —operadoras, empresas de servicios y trabajadores— reduzcan márgenes. Sin embargo, el costo fiscal de estas mejoras recae sobre Neuquén.
La proyección para los próximos años incluye tres vectores críticos: primero, la expansión hacia mercados internacionales con Chile (venta de gas) y Brasil (análisis de compra de gas de Vaca Muerta); segundo, la concreción del puerto de aguas profundas en Río Negro para exportar gas natural licuado (GNL), que Figueroa reconoció como iniciativa del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; tercero, la industrialización en origen mediante plantas de separación y valor agregado en la región. El régimen RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) ha sido decisivo: Figueroa señaló que cada peso sacrificado en descuentos de Ganancias genera 300 veces más ingresos en regalías y actividad económica. Sin embargo, el gobernador también advirtió sobre distorsiones en los precios de servicios: las empresas internacionales cobraban 30 por ciento más que en campos estadounidenses como Permian, situación que YPF intentó resolver pero trasladó la caída de precios a proveedores locales más pequeños mediante una reducción del 23 por ciento. Esta dinámica revela fragilidades estructurales en la cadena de suministro de Vaca Muerta que, si no se resuelven, podrían comprometer la rentabilidad de operadores medianos y pequeños.
La disputa sobre la distribución de ingresos petroleros será probablemente uno de los temas de negociación más complejos en Argentina durante los próximos años. Figueroa busca que la opinión pública y nacional comprenda que Neuquén no solo exporta hidrocarburos sino que financia su propio desarrollo sin recibir transferencias significativas del Estado nacional, contrario a otras provincias. Su planteamiento apunta a una eventual renegociación de regalías o un reconocimiento de la provincia como región de sacrificio fiscal. La Jornada Comex Norpatagónica, donde realizó estas declaraciones, fue elegida estratégicamente para dirigirse a exportadores y empresarios, señalando que el crecimiento futuro de Neuquén depende tanto de decisiones provinciales (industrialización, formación de capacidades, infraestructura) como de decisiones federales (RIGI, puertos, regulación). El desafío inmediato es competir con productores estadounidenses y australianos en mercados asiáticos, tarea que requiere cadenas de suministro eficientes y márgenes operativos reducidos.
La estructura proviene del régimen de regalías definido en los años noventa. Neuquén percibe el 12 por ciento sobre el valor boca de pozo más ingresos brutos provinciales (aproximadamente 1 por ciento adicional en derechos de extracción). El 10 por ciento que menciona Figueroa para otras provincias corresponde a la Ley de Coparticipación Federal. La Nación retiene en promedio el 17-20 por ciento en impuestos específicos (Impuesto a los Combustibles Líquidos, derechos de exportación sobre el margen, Ganancias de empresas). No se ha reformado por presión fiscal nacional: cualquier aumento de regalías a Neuquén implicaría reducir ingresos al Tesoro nacional o alterar la coparticipación a otras provincias, generando conflicto federalista.
¿Qué impacto económico tendría para Neuquén la entrada en operación de una planta de separación de gases en Cutral Co-Plaza Huincul?Agregaría entre 2.000 y 3.000 empleos directos durante construcción (18-24 meses) y 800-1.200 permanentes en operación. El valor agregado podría aumentar el PIB de Neuquén en 2-3 por ciento anual si procesa 15-20 millones de metros cúbicos diarios. Requeriría inversión de 3.000-5.000 millones de dólares y demandaría infraestructura eléctrica, sanitaria y de transporte adicional, cuyo costo corre por cuenta provincial aunque el aporte de regalías no aumentaría proporcionalmente.
