Redacción
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, compartió panel con el presidente de YPF, Horacio Marín, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para exponer el modelo de desarrollo de Vaca Muerta ante una audiencia que incluyó inversores, académicos y funcionarios. El eje central fue el acuerdo firmado el miércoles 29 de abril entre el gobierno provincial y 11 operadoras para financiar infraestructura vial estratégica mediante un esquema público-privado, un mecanismo que, según Figueroa, no tenía precedentes en la historia del sector hidrocarburífero argentino.
El escenario energético nacional en el que se inscribe esta presentación es el de una Argentina que transita el proceso de consolidación de Vaca Muerta como columna vertebral de su balanza energética. En 2025, la producción de petróleo no convencional en la cuenca neuquina superó los 450.000 barriles diarios, y el gas no convencional representó más del 55% del total producido en el país. Neuquén concentra cerca del 90% de la actividad no convencional argentina, lo que convierte cada decisión de política provincial en un factor determinante para la economía nacional. El giro desde el paradigma de la escasez energética —que dominó la agenda argentina entre 2011 y 2015, cuando el país importaba gas natural licuado por valores superiores a los 5.000 millones de dólares anuales— hacia el de la abundancia exportable constituye el telón de fondo del discurso de Figueroa.
El acuerdo con 11 operadoras para el financiamiento de rutas estratégicas en Vaca Muerta es el dato más concreto que emerge de la presentación. Las empresas involucradas operan en los bloques más activos de la formación, donde la actividad de perforación superó las 100 torres simultáneas en el primer trimestre de 2026. La infraestructura vial es un cuello de botella histórico: el tránsito pesado asociado a la operación de pozos degradó tramos críticos de rutas provinciales, y el costo logístico adicional erosiona la competitividad de los proyectos. El esquema público-privado busca trasladar parte de ese costo a quienes generan el tráfico, sin resignar el control provincial sobre los activos. En paralelo, el programa de becas Gregorio Álvarez —financiado con aportes del sector privado— sostiene a 20.000 becarios en la provincia, una cifra que ilustra la escala del derrame social que Figueroa busca consolidar como argumento político frente a la opinión pública nacional.
El impacto en la balanza energética argentina es directo. El avance hacia la producción de gas natural licuado (GNL), mencionado por Figueroa como una realidad consumada luego de años de escepticismo, implica que Argentina podría convertirse en exportador neto de GNL en el mediano plazo. Los proyectos de licuefacción en etapa de desarrollo apuntan a una capacidad inicial de entre 10 y 25 millones de toneladas por año, lo que ubicaría al país entre los diez mayores exportadores globales si se concretan las inversiones previstas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para Neuquén, eso se traduce en regalías crecientes: en 2025, los ingresos por regalías hidrocarburíferas representaron aproximadamente el 35% de los recursos provinciales, una proporción que podría aumentar conforme crece la producción y se diversifican los destinos de exportación.
Lo que viene obliga a monitorear tres frentes simultáneos. Primero, la ejecución concreta del acuerdo vial con las 11 operadoras: los plazos de obra, los mecanismos de repago y la capacidad del Estado provincial para auditar el cumplimiento serán la prueba de fuego de un esquema inédito. Segundo, el avance legislativo y regulatorio del RIGI a nivel nacional, que condiciona la viabilidad financiera de los proyectos de GNL; cualquier modificación en las condiciones fiscales o cambiarias impactará directamente en las decisiones de inversión de las majors internacionales que evalúan ingresar al país. Tercero, la evolución del precio internacional del gas natural, que en Europa cotiza por encima de los 11 dólares por millón de BTU pero que exhibe alta volatilidad; una corrección sostenida a la baja podría retrasar proyectos de exportación que hoy lucen viables. El rol del Instituto Vaca Muerta en la formación de capital humano local también merece seguimiento: la escasez de operadores calificados fue una limitante real en los picos de actividad de 2024, y la capacidad de la provincia para resolver ese déficit determinará en parte la velocidad de crecimiento del sector.
El esquema público-privado típico en este tipo de acuerdos implica que las empresas adelantan el financiamiento de obras viales a cambio de compensaciones que pueden adoptar la forma de créditos fiscales sobre regalías, descuentos en cánones de concesión o pagos directos diferidos del Estado provincial. La novedad aquí es que se trata de un acuerdo colectivo con 11 operadoras simultáneamente, lo que distribuye el riesgo y evita la renegociación empresa por empresa. La garantía provincial reside en la continuidad de las concesiones y en el flujo de regalías, que en 2025 superó los 1.200 millones de dólares anuales para la provincia.
¿En qué medida el avance del GNL argentino depende de la estabilidad del RIGI y qué variables podrían frenarlo antes de la decisión final de inversión (FID) de los proyectos?Los proyectos de GNL en evaluación requieren una decisión final de inversión que involucra compromisos de capital superiores a los 30.000 millones de dólares en el caso del proyecto de mayor escala. Las variables críticas son: la estabilidad del tipo de cambio para el flujo de divisas de exportación, la confirmación de las exenciones fiscales del RIGI por un plazo de al menos 30 años, el precio de largo plazo del gas natural en los contratos de venta (actualmente se negocian en torno a los 10-12 dólares por millón de BTU para contratos a 20 años) y la resolución del acceso a gasoductos troncales para transportar el gas desde Vaca Muerta hasta los puertos de licuefacción. Cualquier señal de reversibilidad regulatoria puede desplazar la FID hacia 2028 o más allá.
