El regulador notifica a Enel SP y activa proceso formal de caducidad de concesión en el gigante sudamericano

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (Aneel) notificó formalmente a Enel SP para que presente descargos en el marco del proceso de caducidad de su concesión de distribución eléctrica en el área metropolitana de São Paulo. La empresa dispone de un plazo de 30 días para articular su defensa, tras lo cual la directora relatora del expediente, Agnes da Costa, deberá emitir un dictamen técnico que luego será sometido a votación del directorio colegiado del organismo.

El proceso tiene como antecedente inmediato la aprobación, por parte del directorio de la Aneel, de la apertura formal del proceso de caducidad la semana anterior a la notificación. Sin embargo, el análisis de fondo había sido iniciado a fines de 2024, como respuesta a la reiteración de fallas en el suministro de electricidad registradas en el área de Gran São Paulo. Las autoridades regulatorias habían puesto en marcha un mecanismo de seguimiento ante la persistencia de incidentes que afectaron a millones de usuarios residenciales e industriales.

Los cargos concretos contra la distribuidora incluyen tiempos de respuesta excesivos en emergencias, un elevado número de interrupciones de suministro con duraciones superiores a las 24 horas y deficiencias estructurales en el Plan de Contingencias para eventos climáticos extremos. El directorio colegiado de la Aneel concluyó que ninguna de estas problemáticas fue resuelta de manera definitiva y que el Plan de Recuperación presentado por Enel resultó insuficiente para revertir la calificación de incumplimiento contractual. El director general del organismo, Sandoval Feitosa, subrayó públicamente la urgencia del caso, aunque la etapa de evaluación del dictamen no tiene plazo reglamentario fijo.

El desenlace del proceso tiene dos caminos posibles: si el directorio acepta los argumentos de Enel SP, el expediente se cierra y la Aneel eleva al Ministerio de Minas y Energía (MME) la recomendación de renovación de la concesión, que vence en junio de 2028 —actualmente suspendida por la apertura de este proceso—. Si, en cambio, los directores rechazan la defensa, el caso pasa al MME para la decisión final sobre la caducidad, facultad que recae exclusivamente en esa cartera. En ese escenario, la legislación brasileña —específicamente la Ley 9.074/1995— habilita a Enel a negociar con el gobierno la transferencia del control de su área concesionada a otro operador, una alternativa que podría evitar la intervención directa del Estado pero que implicaría una reestructuración profunda del mapa de distribución eléctrica en el principal mercado de consumo del país.