Brasil: la reguladora ANEEL abre proceso de caducidad contra Enel SP tras tres grandes apagones

El directorio colegiado de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL) aprobó por unanimidad, el martes 7 de abril, la apertura de un proceso de caducidad contra Enel SP, la distribuidora que opera en el área metropolitana de São Paulo. La decisión, impulsada por el voto del director relator Gentil Nogueira, suspende de forma inmediata la posibilidad de que el organismo recomiende al Ministerio de Minas y Energía (MME) la prórroga del contrato de concesión, cuyo vencimiento está fijado para junio de 2028. El director general de ANEEL, Sandoval Feitosa, instruyó además a la agencia a elaborar un plan de intervención en un plazo de 60 días.

El proceso tiene sus raíces en el agravamiento sostenido de la calidad del servicio prestado por Enel SP desde al menos noviembre de 2023. La distribuidora italiana opera en la región desde que adquirió la ex-Eletropaulo en 2018, en una transacción que la convirtió en uno de los mayores operadores de distribución de América Latina por cantidad de clientes. Sin embargo, el deterioro recurrente del suministro y la lentitud en la reposición del servicio tras eventos climáticos encendieron las alarmas del regulador y generaron presión política sostenida a nivel municipal, estadual y federal. El MME ya había excluido a las distribuidoras del grupo Enel de la lista de 14 concesiones renovadas previamente, señal clara del deterioro de su posición regulatoria en el país.

Los tres grandes apagones registrados bajo la gestión de Enel SP grafican la magnitud del problema: en noviembre de 2023, más de 2,1 millones de inmuebles quedaron sin suministro durante más de una semana en algunos barrios; en noviembre de 2024, el corte afectó a 3,1 millones de unidades y motivó la apertura del expediente administrativo en ANEEL; y en diciembre de 2025, un tercer evento dejó a 4,2 millones de consumidores sin energía por hasta seis días. Ante este último episodio, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó a ANEEL, el MME, la Abogacía General de la Unión (AGU) y la Contraloría General de la Unión (CGU) investigar las fallas sistémicas en la distribución. Enel SP dispondrá de 30 días para presentar su defensa ante la recomendación de caducidad.

Aunque el procurador general de ANEEL, Eduardo Ramalho, aclaró que la resolución aprobada no implica todavía la caducidad efectiva del contrato —sino una instancia formal de notificación para que la concesionaria regularice el servicio—, el impacto regulatorio y estratégico es de primer orden. La apertura del proceso congela cualquier perspectiva de renovación anticipada y coloca a Enel SP en una posición jurídica delicada de cara al vencimiento de 2028. Para el grupo Enel a nivel global, que atraviesa un proceso de revisión de activos en mercados emergentes, el desenlace en Brasil tendrá implicancias directas sobre la valuación de su cartera latinoamericana y sobre el apetito inversor en el segmento de distribución regulada de la región.