Redacción
Enarsa, la empresa estatal de energía de Argentina, recibió propuestas técnicas de dos compañías internacionales interesadas en operar la importación y comercialización privada de gas natural licuado (GNL) para abastecer la demanda pico durante el invierno. Las ofertas fueron presentadas por Trafigura y Naturgy, según confirmó el medio especializado EconoJournal. La apertura de los sobres con las propuestas económicas está programada para el 13 de abril, mientras que la adjudicación del contrato se prevé para el 21 del mismo mes.
El proceso se inició en febrero, cuando Enarsa lanzó una licitación pública nacional e internacional para contratar un agente agregador encargado de importar GNL y comercializarlo como gas regasificado en el mercado interno a través del terminal de Escobar, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Este esquema responde a una necesidad estructural del sistema energético argentino: cubrir los picos de consumo residencial e industrial durante los meses de mayor frío, cuando la producción doméstica y los contratos de suministro convencional resultan insuficientes.
La licitación se enmarca en el proceso de privatización de activos y actividades de Enarsa, en línea con las disposiciones de la Ley Bases aprobada bajo la administración de Javier Milei. El esquema apunta a transferir al sector privado funciones que hasta ahora eran gestionadas directamente por el Estado, incluyendo la logística de importación de GNL. En paralelo, Enarsa avanza también con la apertura de propuestas técnicas para la venta del paquete accionario estatal en Citelec, sociedad controlante de Transener, la principal empresa de transmisión eléctrica del país.
La participación de Trafigura —uno de los mayores traders de commodities energéticos a escala global— y de Naturgy —compañía española con presencia consolidada en la distribución de gas en Argentina— refleja el interés del mercado internacional en los activos y contratos que el gobierno nacional pone en competencia. La definición del adjudicatario en abril marcará un precedente en la estrategia de desregulación del sector gasífero argentino, con implicancias directas sobre la seguridad de abastecimiento invernal, la formación de precios del gas regasificado y el ritmo de retiro del Estado de funciones comerciales en el segmento de importación.
