Neuquén articula logística integral para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

Neuquén expuso en la Cumbre Federal de Logística 2026 del Consejo Federal de Inversiones (CFI) una estrategia integral de infraestructura y conectividad diseñada para sostener la duplicación proyectada de pozos en producción en Vaca Muerta durante los próximos cinco años, mientras diversifica su matriz económica hacia turismo, agricultura y actividades industriales no vinculadas directamente al sector de petróleo y gas.

El crecimiento exponencial de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta genera una presión sin precedentes sobre la infraestructura logística neuquina. La provincia enfrenta el desafío de triplicar su capacidad de transporte, almacenamiento y distribución de insumos hacia los yacimientos, simultáneamente con un incremento demográfico que en los últimos cuatro años sumó más de 120.000 habitantes. Esta combinación de factores ha transformado la logística de un asunto secundario en una variable crítica para la competitividad territorial y la calidad de vida de las comunidades.

Las proyecciones provinciales contemplan una aceleración significativa de la producción de gas y petróleo no convencional. En 2025, Vaca Muerta operaba con aproximadamente 280 pozos en producción simultánea. Para 2030, ese número podría alcanzar 550 a 600 pozos, demandando incrementos equivalentes en sets de fractura, equipos de perforación y cadenas de abastecimiento. Actualmente, el transporte por ruta nacional 7 y accesos provinciales ya opera cercano a su capacidad máxima durante temporadas de mayor actividad exploratoria. El volumen de cargas asociadas a la industria petrolera representa más del 65% del movimiento logístico total de la provincia, generando congestión en rutas y depósitos fiscales aduaneros estratégicos como el ubicado en Zapala.

La delegación neuquina que participó de la Cumbre incluyó al secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, funcionarios del ministerio de Energía, representantes de Pasos Fronterizos, directores de la zona franca Zapala y autoridades del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE). Esta articulación multisectorial refleja una aproximación integrada que busca desacoplar la logística energética de la infraestructura requerida para otras actividades productivas. El desafío radica en que la inversión en infraestructura no puede concentrarse exclusivamente en el sector hidrocarburífero sin comprometer alternativas de diversificación económica que la provincia necesita para reducir su dependencia de ciclos volátiles de precios de petróleo y gas.

El impacto inmediato se materializa en inversiones en infraestructura vial: la ampliación de la ruta nacional 7 entre Neuquén capital y Añelo demandará inversiones por más de 800 millones de pesos en los próximos 18 meses. Paralelamente, la inversión en infraestructura logística (depósitos, centros de distribución, puertos secos) requiere acuerdos de financiamiento con el CFI y una coordinación regulatoria que reduzca los tiempos de autorización ambiental y municipal. El turismo, sector con potencial para sumar 15.000 puestos de trabajo en cinco años según estimaciones del gobierno provincial, requiere conectividad vial específica hacia la costa del lago Nahuel Huapi y hacia circuitos cordilleranos actualmente degradados. La producción agrícola, concentrada en pequeñas y medianas explotaciones en valles bajo riego, demanda acceso a puertos secos para exportación de frutas y hortalizas, especialmente hacia mercados de Chile y Perú.

Las decisiones pendientes son críticas: la provincia debe definir si invertirá en una segunda ruta de acceso a Vaca Muerta (actualmente existe una única alternativa viaria), si ampliará la capacidad del puerto seco de Zapala para permitir consolidación de cargas hacia el puerto de Valparaíso en Chile, y si coordinará con Río Negro y Mendoza una estrategia regional de corredores bioceánicos que integre la producción energética neuquina con flujos comerciales de la región cuyo. El CFI actúa como facilitador de financiamiento, pero las decisiones políticas sobre priorización de inversiones corresponden al gobierno provincial. En octubre de 2026, esas decisiones aún no se han formalizado en un cronograma público vinculante.