Figueroa redefine relación con operadoras: corresponsabilidad y exigencias en Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa anunció un giro fundamental en la relación entre el Estado provincial y las operadoras de Vaca Muerta, basado en un esquema de corresponsabilidad que trasforma a las empresas en financiadoras de infraestructura estratégica, reducción de costos logísticos y desarrollo local. Esta reconfiguración del vínculo público-privado marca una ruptura con la gestión anterior, donde según Figueroa el gobierno provincial negociaba "de rodillas" para obtener fondos anticipados.

En el contexto energético argentino, donde Vaca Muerta representa la esperanza de autonomía energética y divisas por exportación de gas, esta modificación en el modelo de relación operador-provincia adquiere dimensión estratégica. Desde 2023, cuando Figueroa asumió la gobernación, Neuquén ha buscado posicionarse como actor activo en la cadena de valor del petróleo y gas, más allá del rol de receptor pasivo de regalías. El cambio de paradigma responde a una realidad: Vaca Muerta es el proyecto energético más relevante de Argentina en la próxima década, y la provincia que lo alberga necesita capturar más valor agregado del desarrollo productivo.

El esquema propuesto por Figueroa trasciende la tradicional negociación de regalías. Las operadoras —Shell, TotalEnergies, YPF y Pluspetrol, entre las principales— ahora financian obras de conectividad vial, becas educativas, institutos de formación técnica y proyectos de diversificación productiva. A cambio, acceden a beneficios financieros provinciales y reducen costos operativos por mejora de infraestructura. En términos concretos, Figueroa exigió a las operadoras fondos específicos para becas, infraestructura vial prioritaria para la región de Vaca Muerta, creación de institutos de formación de mano de obra, e incremento de contratación de empresas neuquinas en la cadena de suministro. Esta presión sobre el sector privado refleja la capacidad de negociación que ganó Neuquén con la incorporación del upstream al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a través de la nueva ley de hidrocarburos provincial.

Para Vaca Muerta específicamente, estas medidas tienen impacto directo en la sustentabilidad del desarrollo. La infraestructura vial mejorada reduce costos logísticos de transporte de equipos y personal, aumentando márgenes de rentabilidad operativa. La formación de mano de obra local atenúa la dependencia de trabajadores contratados del exterior, generando empleabilidad neuquina y reduciendo rotación. Además, Figueroa anticipó proyectos piloto agrícola-ganaderos en la región, con estudios de suelo financiados por las operadoras, buscando diversificación económica más allá del hidrocarburo. Un aspecto crítico: la generación de energía para reducir emisiones de metano. Esto no es menor considerando que Vaca Muerta enfrenta presión regulatoria internacional sobre intensidad de carbono en la producción de gas, especialmente con compradores europeos y asiáticos cada vez más exigentes en criterios ESG.

Las proyecciones del sector indican que Neuquén debe consolidar este modelo de corresponsabilidad para competir globalmente en gas de lutita. La inversión privada total en Vaca Muerta ronda los 15.000 millones de dólares en los próximos cinco años, según estimaciones del sector. Sin infraestructura vial, educativa y energética adecuada, esa inversión enfrenta fricciones operativas que erosionan rentabilidad. Figueroa también plantea la urgencia de revisar el coeficiente de coparticipación federal: Neuquén aporta casi el 6% del PBI nacional con apenas el 1,5% de la población, pero recibe una distribución de fondos que refleja criterios de 1988. Este desfasaje explica por qué la provincia busca que operadoras privadas financien infraestructura que en otras jurisdicciones corre por cuenta estatal.

Pendiente está la materialización de estos compromisos. La ley provincial que establece obligaciones económicas para ingreso de operadoras a áreas hidrocarburíferas y transferencia de concesiones por incumplimiento de inversión aún debe traducirse en acuerdos firmados. La incorporación de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) a emprendimientos conjuntos —como el proyecto RIGI de 12.400 millones de dólares con Pluspetrol ya aprobado— es un primer movimiento. Pero queda por verificar si las operadoras mantendrán este nivel de compromiso con obras socio-territoriales en contextos de volatilidad de precios internacionales de petróleo y gas.

Puntos clave

• Figueroa redefine la relación con operadoras bajo el modelo de corresponsabilidad: financiamiento privado de infraestructura vial, educativa y productiva a cambio de beneficios fiscales y reducción de costos operativos.
• Neuquén genera casi 6% del PBI nacional con 1,5% de población, pero recibe coparticipación federal con criterios de 1988; la provincia busca compensar vía exigencias al sector privado.
• Proyectos piloto agrícola-ganaderos y generación de energía para reducir emisiones de metano buscan diversificar la economía más allá del hidrocarburo en Vaca Muerta.
• Inversión privada estimada en Vaca Muerta (15.000 millones de dólares en 5 años) depende de infraestructura mejorada; capacidad de negociación de Neuquén se fortaleció con incorporación de upstream al RIGI.

Preguntas del sector

La nueva ley provincial que establece obligaciones económicas y retención de concesiones por incumplimiento es el mecanismo de presión, pero su efectividad depende de que Neuquén esté dispuesta a aplicarla en contextos de crisis sectorial. Historicamente, presiones de operadoras en ciclos bajos han logrado flexibilizar regímenes tributarios.

La gacetilla no especifica cronogramas ni montos de inversión. El sector espera claridad sobre cuáles obras son prioridad, qué volúmenes de financiamiento se esperan por operadora, y si habrá acuerdos marco que fijen plazos y penalidades por incumplimiento.